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Detrás de Lili Pink, una tienda con múltiples sedes en importantes centros comerciales y locales del país, la Fiscalía identificó una presunta red criminal que habría permitido el ingreso de recursos de origen ilícito y de contrabando al país.
Las pruebas que tiene en su poder indican que estaba compuesta por importadoras, comercializadoras y sociedades de papel. Entre los elementos que traían están prendas de vestir, juguetes y productos cosméticos.
“Las maniobras estarían orientadas a disimular el control aduanero, fragmentar transacciones, simular relaciones comerciales y dificultar la trazabilidad del dinero, facilitando su incorporación al sistema económico formal”, explicó la Fiscalía.
En total, y hasta el momento, el ente investigador ha documentado el lavado de activos en cuantía de 730.000 millones de pesos, enriquecimiento ilícito por más de 430.000 millones de pesos, aprehensiones y decomisos de mercancía ejecutados por la DIAN, avaluadas en más de 54.000 millones de pesos, y un posible contrabando que superaría los 75.000 millones.
De igual manera, obtuvo ante un juez de control de garantías de Bogotá varias órdenes de captura con fines de imputación y medida de aseguramiento, las cuales se encuentran en proceso de materialización y judicialización.
Del mismo modo, impuso medidas cautelares sobre 405 locales comerciales, 40 inmuebles, ocho vehículos y una sociedad, los cuales serán objeto de avalúo. Las diligencias de ocupación se realizaron con apoyo del Ejército Nacional en 59 ciudades y municipios de 25 departamentos, donde la cadena de almacenes tiene presencia.
Lili Pink fue fundada en 2006 en el barrio Toberín, en Bogotá, por la familia Abadi, especialmente por Max Abadi y su hijo David Abadi. En 2015 pasó a manos del holding panameño Lili Brands, que se convirtió en su único propietario y opera bajo la franquicia Fast Moda S.A.S.
La marca le salió al paso a las revelaciones a través de un comunicado, donde aseguró que están atendiendo el proceso administrativo ante entidades legales y regulatorias, el cual está siendo gestionado de manera directa y responsable por su equipo.
En ese contexto, y luego de asegurar que se encuentran trabajando de la mano de las autoridades, pidieron a la Fiscalía y a la SAE “proteger la marca colombiana que, durante más de 20 años, se ha consolidado como referente nacional e internacional”.
Asimismo, enfatizó en la importancia de salvaguardar ese legado y garantizar la estabilidad laboral de sus empleados, mientras se avanza con las instancias legales necesarias para recuperar su manejo.
Por: Colprensa
