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Los próximos 8 y 9 de octubre se realizará en Medellín una audiencia para indagar por los restos de los desaparecidos en zona de influencia de Hidroituango. Conozca acá 10 preguntas y respuestas para entender qué se espera de esta diligencia.
¿En qué consiste la audiencia?
Esta audiencia pretende establecer un diálogo que permita ampliar la información e insumos necesarios para determinar si se dictan medidas cautelares en lugares en los que se presume habría cuerpos de personas dadas por desaparecidas y que se ubican en municipios de influencia del proyecto Hidroituango.
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La Sección de Primera Instancia para Casos de Ausencia de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad de la JEP requiere precisar el universo de víctimas de desaparición forzada, ubicar lugares formales e informales de inhumación de personas dadas por desaparecidas y determinar el número de cuerpos exhumados, identificados o no, en esos municipios.
¿La JEP decidirá las medidas cautelares durante la audiencia?
No. La Audiencia será un espacio de diálogo en el que no se tomarán decisiones. De ninguna manera, será un escenario para debates jurídicos, incluidos los de posible atribución de responsabilidad. En la Audiencia los Magistrados de la Sección de Primera Instancia para casos de Ausencia de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad (SARV) serán garantes de un diálogo en el que las víctimas obtengan respuestas efectivas a sus preguntas.
¿Por qué se contempla la posibilidad de las medidas cautelares?
El 29 de agosto de 2018, nueve peticionarios -dos representantes del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE) y siete familiares de desaparecidos- le solicitaron a la JEP tomar medidas cautelares anticipadas sobre 16 lugares del país, en los cuales “se presume existen personas inhumadas dadas por desaparecidas en el marco y con ocasión del conflicto armado”. Entre los lugares se encuentra la zona de influencia del proyecto Hidroituango.
La Sección decidió estudiar la determinación de estas medidas el 14 de septiembre de 2018. Esta medida cautelar tiene propósitos humanitarios.
¿Qué ha hecho la JEP desde entonces?
La JEP ha solicitado información sobre este tema a varias instituciones públicas y privadas de carácter nacional, regional y local, buscando acopiar la mayor cantidad de información posible sobre el asunto. Así mismo, le solicitó al Movice y al movimiento Ríos Vivos ampliar la información suministrada, con el fin de determinar los lugares de efectiva inhumación y los niveles de riesgo naturales o por acción humana a los que se enfrentan.
Luego de un proceso de indagación juicioso y riguroso, que ha tomado más de un año, la JEP ha recibido información por parte de la Gobernación de Antioquia, la Fiscalía General de la Nación, el Ministerio del Interior, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), la Defensoría del Pueblo, las Empresas Públicas de Medellín (EPM), la Fundación SOCYA, Hidroituango S.A. E.SP, la Fundación Equitas y las alcaldías y personerías de los municipios en zona de influencia del proyecto Hidroituango.
¿Cuál será el papel de las víctimas en la audiencia?
El Movice y el Movimiento Ríos Vivos, en su calidad de peticionarios de la medida cautelar, podrán formular preguntas a las instituciones públicas y privadas acerca de las acciones y medidas emprendidas para precisar el universo de víctimas de desaparición forzada, ubicar lugares formales e informales de inhumación de personas dadas por desaparecidas, recuperar e identificar los cuerpos de las personas dadas por desaparecidas y entregarlos a sus familiares en esta zona del país.
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La Audiencia pretende ser un escenario de reivindicación de sus derechos, de dignificación y restauración, por lo cual las víctimas participarán en una serie de actos simbólicos con los que evocarán la memoria de las personas dadas por desaparecidos.
¿Cuáles organizaciones y entidades asistirán?
Están citadas el Ministerio del Interior, la Gobernación de Antioquia, la Fiscalía General de la Nación, las alcaldías de los municipios de Ituango, Toledo, Sabanalarga, Peque, Valdivia y Briceño, Empresas Públicas de Medellín (EPM), la Fundación SOCYA, Hidroituango S.A. E.SP. y el Comité Nacional de Búsqueda de las Farc. También participarán los representantes del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE) y del Movimiento Ríos Vivos.
En esta diligencia las instituciones públicas y privadas, nacionales, regionales y locales, deben explicar qué acciones realizaron para proteger los derechos de las víctimas de desaparición forzada, en especial frente a la determinación del universo de víctimas, la ubicación de lugares de inhumación formales e informales, la recuperación e identificación de cuerpos de personas dadas por desaparecidas y la entrega a sus familiares.
¿Cuándo será la audiencia?
La audiencia se llevará a cabo el 8 y 9 de octubre de 2019 entre las 8:00 a.m. y las 5 p.m.
¿Dónde será?
En Medellín, en las instalaciones del Palacio de Justicia–La Alpujarra. Carrera 52 No. 42-73.
¿Quiénes pueden participar?
Las instituciones públicas y privadas, así como los representantes de las organizaciones que fueron citadas en el Auto 35 de 2019.
¿En qué otras zonas del país se estudia tomar estas medidas cautelares?
La JEP estudia tomar medidas cautelares en otros municipios de Antioquia y en los departamentos de Caldas, Cesar, Santander y Sucre. En el marco del mismo trámite, el pasado 17 y 18 de julio se realizó, en Medellín, una audiencia pública que recogió información e insumos para determinar si se dictan medidas cautelares respecto a posibles lugares de inhumación en la Comuna 13 de Medellín.
