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La Procuraduría General de la Nación ordenó una investigación tras las denuncias realizadas por el exsuperintendente de Salud Luis Carlos Leal, quien alertó sobre una presunta desviación de recursos en algunas de las EPS intervenidas por el Gobierno Nacional.
Las entidades señaladas son Coosalud, Emssanar, Servicio Occidental de Salud (SOS) y Asmet Salud.
Según el informe del exsuperintendente, los recursos destinados a la atención de salud habrían sido desviados con fines distintos a los previstos por la ley. El reporte se entregó a la Fiscalía y la Contraloría, quienes están llevando a cabo sus propios análisis sobre posibles faltas fiscales y penales.
El documento de 23 páginas de la Procuraduría detalla las razones para investigar a las mencionadas EPS. En él, se afirma que los recursos públicos habrían sido mal dirigidos a terceros, lo que contraviene las normativas establecidas para la prestación de servicios de salud en el país.
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Además, señaló irregularidades en varias de las EPS intervenidas por el Gobierno. Entre ellas, se mencionó un posible desvío de recursos hacia paraísos fiscales. En este contexto, la Procuraduría destacó que las quejas por parte de los usuarios aumentaron tras la intervención de la Nueva EPS, lo que reflejó un desajuste en el funcionamiento de estas entidades.
La Procuraduría hace mención explícita de los agentes interventores y representantes legales de las EPS involucradas y se resalta que se indagarán los pagos realizados por Coosalud a organizaciones clínicas y los altos valores transferidos a terceros.
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También se investigará la gestión de Emssanar, donde se evidenció que algunos anticipos no habían sido legalizados, y la relación de los agentes interventores con empresas vinculadas a Mario Urán, conocido como "el lobista de la salud".
En cuanto a los incumplimientos de metas, la Procuraduría aseguró que los recursos ya habían sido girados, pero no se utilizaron para la atención efectiva de la población, sino que fueron canalizados a otros servicios no contractuales o fuera de los parámetros legales establecidos.
