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La Contraloría de Bogotá realizó una visita administrativa al Fondo de Desarrollo Local de Chapinero para verificar presuntas irregularidades en el contrato 279 de 2025, firmado por la Alcaldía Local bajo la dirección de Alexandra Mejía Guzmán.
El acuerdo contemplaba la compra de cinco motocicletas por 93,6 millones de pesos cada una, destinadas a fortalecer la movilidad de la Estación de Policía de la localidad.
El caso generó cuestionamientos debido a que en otras localidades, como Barrios Unidos y Suba, con el mismo proveedor, el precio por unidad fue de 52 millones de pesos.
La diferencia en los valores provocó críticas públicas y denuncias de concejales como Daniel Briceño y Diana Diago, lo que llevó al alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, a ordenar la terminación anticipada del contrato, una medida que se hizo efectiva el 6 de agosto, según informó el secretario de Gobierno, Gustavo Quintero Ardila.
La alcaldesa local, Mejía, explicó que el proceso contractual inició el 10 de marzo y que, al no recibir solicitudes de información a través de la plataforma Secop, se optó por pedir cotizaciones directamente a proveedores, recibiendo ofertas entre el 18 de marzo y el 3 de abril.
Según indicó, el promedio elevado se debió a las cotizaciones obtenidas, que arrojaron un valor aproximado de 96 millones de pesos por unidad, superior al registrado en otras localidades.
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Ella agregó que el 23 de mayo se publicaron los estudios previos y el pliego de condiciones, sin que se recibieran observaciones, y que posteriormente se expidió el pliego definitivo en agosto.
También sostuvo que el contrato de Chapinero se adjudicó el 27 de junio, mientras que Barrios Unidos lo hizo el 22 de julio y Suba, el 11 de agosto, y que la evaluación de los procesos se realizó bajo los mismos criterios.
La mandataria local afirmó que cuando surgen denuncias de concejales, alcaldes o ediles, las entidades competentes inician de oficio procesos investigativos que pueden incluir visitas para recopilar información y derivar en un archivo o en un proceso disciplinario, como sucedió en este caso con la Contraloría.
“Nuestra función como funcionarios públicos es atender las visitas, brindar la información que nos solicitan, y así lo hemos hecho”, puntualizó.
Asimismo, aclaró que, pese a los sobrecostos reportados, no se recibieron las motocicletas ni se realizaron pagos o desembolsos, por lo que no hubo informes de supervisión.
Explicó que, al llegar a la etapa final del proceso, se consideraron dos opciones: adquirir más motos por el valor promedio de 54 millones de pesos o comprar las cinco ya contratadas a ese valor. Por motivos de transparencia, dijo, optó por liquidar el contrato por mutuo acuerdo, con valor cero.
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Mejía Guzmán añadió que respeta el trabajo de los entes de control, aunque lamentó que en medio del debate público se haya llegado a especular que su administración “se robó” el dinero restante.
Enfatizó que está dispuesta a colaborar con las investigaciones y que no tiene documentos que ocultar, manifestando que se ha cumplido con el debido proceso y entregado la información solicitada.
Por su parte, el director de Participación Ciudadana y Desarrollo Local de la Contraloría, Andrés Rojas, indicó que se revisarán todas las etapas del proceso para determinar si hubo detrimento patrimonial o faltas disciplinarias.
“Desde la Contraloría de Bogotá continuaremos verificando el uso de todos los recursos, especialmente en asuntos sensibles para la ciudadanía, como la seguridad de los bogotanos”, afirmó.
La Contraloría anunció que mantendrá las labores de control fiscal sobre este caso y otros que sean de interés para la comunidad.
