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Tras reunirse con la cúpula militar y de la Policía Nacional, el ministro de Defensa Carlos Holmes Trujillo hizo referencia a las denuncias sobre presuntos usos irregulares de las capacidades de inteligencia del Ejército colombiano y a la filtración de información al Gobierno Venezolano.
En ese sentido, el funcionario destacó que se continúa el trabajo de auditoría dentro del Ejército y con la colaboración a la Fiscalía y la Procuraduría General de la Nación, para facilitar el desarrollo de las investigaciones.
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Uno de los puntos que ha quedado al descubierto tras este escándalo de los seguimientos ilegales o perfilamientos, es el del escape de información dentro de las mismas fuerzas, capitulo al que el ministro Holmes Trujillo, también se refirió.
“La filtración de información por parte de cualquier servidor público o uniformado de la Fuerza Pública, que infrinja la reserva o no cumpla con la custodia de la información, es un delito y por lo tanto debe ser investigado y sancionado”, sentenció el funcionario.
Según explicó Holmes Trujillo, se trata de conocer la verdad y de individualizar las responsabilidades, no se trata de inventarse chivos expiatorios, ni de castigar inocentes.
Ante la supuesta filtración de información de la Fuerza Pública, se aseguró que se continúa, a través de las dependencias autorizadas, con las actividades de inteligencia y contrainteligencia en el marco de la Ley 1621 del 2013.
“Trabajo de inteligencia que se adelanta con el objetivo de prevenir, identificar y neutralizar amenazas internas y externas que pongan en peligro la integridad de las Fuerzas o de la Nación”, señaló el Ministro de Defensa.
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Según se informó, a propósito de esas mismas filtraciones, se han tomado medias como la puesta en marcha de mecanismos dentro de la Fuerza Pública para identificar cualquier posible actuación de servidores públicoes o uniformados que puedan estar relacionados con regímenes dictatoriales de la región.
Para finalizar, el Ministerio de Defensa reiteró que, “la política del Gobierno Nacional es de cero tolerancia con la corrupción y la ilegalidad y expresa que cualquier hallazgo será remitido a las entidades competentes para las respectivas investigaciones penales y disciplinarias”.
