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Ad portas de terminarse el 2024, sigue la polémica por el mantenimiento de los helicópteros Mi-17 del Ejército Nacional, cuya flota permanece mayoritariamente sin operar. Esto enmarcado en la decisión de la Aeronáutica Civil de autorizar a la empresa MI Series Personnel & Parts LLC, cuya sede está en Miami, para hacer las reparaciones y mantenimientos a las aeronaves.
El contrato está avaluado en alrededor de 52 millones de dólares, y la controversia inició con unas visitas visitas técnicas a la base militar de Tolemaida, donde están los helicópteros Mi-17. En el marco del proceso, varias compañías nacionales y del exterior hicieron sus propuestas para asumir los trabajos que devolvieran la funcionalidad de las aeronaves.
Sin embargo, a esto se suman denuncias, ya elevadas ante la Procuraduría en las cuales se advierte sobre presuntos incumplimientos normativos y un "favorecimiento indebido" a la empresa en cuestión.
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"Las compañías que presentaron sus ofertas al Ministerio de Defensa, no han recibido una comunicación formal sobre el estatus de sus propuestas; a pesar de que algunas de estas compañías han solicitado en reiteradas oportunidades al Viceministro de Estrategia y Planeación doctor Luis Edmundo Suárez y a la Dirección de Logística de la entidad doctor Mario Andrés García Carrión, alguna explicación sobre el estado del proceso", señala la denuncia fechada el 28 de noviembre.
Parte de la controversia abarca que un grupo de técnicos del Ejército supuestamente habría llegado hasta Florida, Estados Unidos, para adelantar una inspección técnica en las instalaciones de dicha compañía.
Sin embargo, la decisión de la máxima autoridad aérea continúa generando dudas por la prontitud con la cual se habría certificado un taller vinculado a la empresa para realizar el llamado 'overhaul', es decir la revisión y mantenimiento de las aeronaves. Por su lado, el fabricante ruso de los Mi-17 elevó una carta en la cual puso de manifiesto que MI Series Personnel & Parts LLC no cumplía a cabalidad con las condiciones técnicas para asumir esas funciones.
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Toda la controversia en torno a este contrato sigue generando una creciente preocupación no solamente en el interior del sector aeronáutico sino también en el espectro público. Lo anterior, teniendo en cuenta el valor del contrato y las eventuales consecuencias en materia de seguridad y transparencia sobre los recursos.
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