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El Puente Rumichaca en el departamento de Nariño, en la frontera con Ecuador, fue habilitado luego de varios días de protestas por grupos de comuneros indígenas.
Fueron exactamente tres días de bloqueos en medio de una gran minga de resistencia, por parte de indígenas de 31 resguardos, entre ellos comunidades indígenas Pastos, Quillacingas y los resguardos AWÁ.
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El acuerdo para la apertura se dio tras una reunión entre delegados del Gobierno colombiano y voceros de la Gobernación con las comunidades indígenas, quienes protestaban por la destrucción de puentes fronterizos en el sector del Cumbal por parte del Ejército ecuatoriano, teniendo en cuenta que por estos puentes se movilizaban cerca de 5 mil personas de dichas comunidades.
"Nos da una profunda alegría de poder habilitar estos pasos que nunca fue determinación de otros como autoridades. Nos vimos obligados y en ese mismo sentido pedimos disculpas a toda la población por los daños ocasionados. Nosotros hemos sido garantes de derechos y queremos seguirlo siendo. Esperábamos que los acuerdos que se han pactado y las pautas que se han dado en esa ruta que se programó, que se planteó con los tiempos específicos, podamos cumplirla de manera puntual", señaló Enrique Rosales, gobernador de resguardo de Mayasque.
La firma del acta la comprenden 14 puntos, entre los que sobresalen que el Ministerio de Relaciones Exteriores enviará una nota diplomática al Gobierno de Ecuador, solicitando la instalación de una Mesa Binacional para discutir la suspensión de la destrucción y la posible reconstrucción de los puentes en la zona de frontera que afectan a los pueblos Pastos y Awá.
Asimismo, se trabajará conjuntamente con el Ministerio de Defensa para proteger las infraestructuras ancestrales de estos pueblos.
Por su parte la Cancillería remitirá a la Mesa Regional Permanente de Concertación de los pueblos Pastos, Quillacingas y Awá, el expediente sobre las acciones desarrolladas en la zona de frontera, con fecha límite en la primera semana de marzo.
"El gobierno nacional no fue informado de lo que pasó con los puentes y lo que esperamos es que no haya una decisión unilateral para derribar más puentes en este territorio. La ilegalidad no se combate derribando puentes. La ilegalidad se combate acordando con nuestras comunidades, que ya lo han hecho y es parte de este acuerdo, que ellos no son los que generan esas condiciones de ilegalidad, esas condiciones de tráficos, de armas, de drogas, de lo que se ha señalado allí y nosotros respaldamos a nuestras comunidades. La nota diplomática lo que busca es abordar un diálogo entre las naciones y que efectivamente esperamos que dé los resultados", agregó Luis Alfonso Escobar, gobernador de Nariño.
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De igual manera se acordó solicitar al Gobierno de Ecuador la reconstrucción de los puentes que fueron destruidos por el Ejército.
Se estima que una suma cercana a los 3.500 millones de pesos diarios, perdió el sector productivo del departamento de Nariño, como consecuencia del cierre del puente.
