La FM en Google News
La Contraloría General de la República (CGR) realizó una auditoria al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) sobre la ejecución contractual para los proyectos evaluados durante el 2021 al 30 de junio del 2022, en prestaciones realizadas por la entidad a la primera infancia.
El incumplimiento reportado por la Contraloría tiene una cuantia de $9.127.561.522. El ente de control reportó 62 hallazgos administrativos, de los cuales 20 tienen incidencia fiscal, tres beneficios de auditoría, ocho con presunta connotación penal, ocho con apertura de indagación preliminar y seis con otras incidencias.
"Se detectaron incumplimientos o situaciones en los contratos de la muestra seleccionada, suscritos por el ICBF para la prestación de servicios de Atención a la Primera Infancia, dichas situaciones están relacionadas principalmente con: deficiencias en los estudios previos en lo que respecta o la falta de detalle o descripción sobre cuáles y cómo fueron los cálculos que se realizaron para establecer el valor de las canastas diferenciales según cada componente", señaló la Contraloría.
Le puede interesar: Siguen las renuncias al interior del ICBF que anda al garete
Además de la inadecuada planeación en el número de cupos a atender, se encontraron condiciones de riesgo en las sedes para prestar los servicios a los menores. Así como niños y niñas sin la documentación requerida, entrega de alimentos no aptos para el consumo, entre otras irregularidades.
Por regiones se reportaron 22 hallazgos en Amazonas, nueve en Chocó, nueve en Cauca, cinco en Vaupés, tres en Antioquia, y tres en Vichada.
De otro lado, la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (Diari), emitió el reporte número 8 del 23 de diciembre del 2021, relacionadas con entregas realizadas a documentos de tutores y beneficiarios menores presuntamente fallecidos y presunta suplantación de población Venezolana.
También lea: Se posesionó el nuevo director de la primera infancia del ICBF, Álvaro Manuel González
Esto en el marco de la entrega de raciones alimenticias a población que aparecía como fallecida o con números de identificación no correspondientes a lo reportado por el ICBF y el Adres.
