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El gobernador de Santander, Mauricio Aguilar, llegó a la CAR de Bucaramanga, para cumplir con la elección del Consejo Directivo, en medio de golpes y empujones por habitantes de Suratá.
Este hecho se registró, ya que la comunidad está inconforme por la suspensión de la alcaldesa Ana Coronado. Además, denuncian que el mandatario departamental y el excontralor Fredy Anaya quisieron mover presuntamente estos cargos para quedarse con el poder de la corporación.
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Cuando el mandatario llegó la sede de la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga (Cdbm) tuvo que bajar de su camioneta porque las personas estaban impidiendo su ingreso al parqueadero.
En este hecho tuvo que intervenir la Policía Metropolitana de Bucaramanga y el Esmad, ya que los manifestantes intentaron agredir al mandatario.
Sin embargo, durante este procedimiento uno de los habitantes resultó herido. “Venimos acá para valer nuestros derechos, el Esmad nos agrede y esto es algo que no podemos exigir nuestros derechos. Nuestra provincia está olvidada”, indicó Manuel Ángel, uno de los manifestantes.
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El llamado de los habitantes es que se revoque la suspensión de la alcaldesa de Suratá y se realice el debido proceso de elección del Consejo Directivo del Cdmb, en donde cuatro alcaldes serán elegidos como miembros.
“Queremos que el gobernador nos diga porque suspendió a la alcaldesa y nuestro secretario de gobierno, estamos haciendo justicia por nuestros surateños. Solo queremos saber por qué la están suspendiendo y buscamos justicia”, indicó Claudia Jimena Rico, habitante de Suratá.
Cabe señalar que el secretario de Salud de Santander, Javier Villamizar, quien quedó como alcalde encargado de Suratá, llegó a la asamblea de la CDMB pero no le asignaron silla.
El puesto del municipio lo ocupó la alcaldesa Ana Coronado. Por su parte, la Contraloría indicó que los hechos por los cuales fue suspendida la alcaldesa hacen parte de la reserva legal del proceso.
“La medida provisional de que fue sujeta la alcaldesa de Suratá, Ana Francisca Coronado, se adoptó hace ocho días, la cual se sustentó en el trámite de un proceso de responsabilidad fiscal adelantado contra la funcionaria, el análisis de una denuncia ciudadana, del material probatorio, y no obedece a ninguna circunstancia de otra índole como se ha informado a través de los medios de comunicación”, cita un comunicado.
