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La Fiscalía General de la Nación advirtió que el riesgo electoral es “bastante alto” en todo el territorio nacional a menos de una semana de las elecciones regionales del próximo 27 de octubre.
Previo a la reunión de alto nivel convocada por el presidente de la República, Iván Duque, en la Casa de Nariño, de seguimiento de las elecciones, el fiscal general encargado Fabio Espitia afirmó que en la mira de la entidad se encuentran regiones como Atlántico, Valle del Cauca entre otras zonas del país, por la comisión de delitos electorales.
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Ante esa amenaza de riesgo electoral, el jefe del ente acusador indicó que se destinará un equipo élite de investigación en las regiones que tienen mayor grado de preocupación.
“Si uno identifica el mapa electoral el riesgo es bastante alto en todas las regiones del país, la Fiscalía va a empeñar bastantes funcionarios, vamos a tratar que sobre todo esos funcionarios asisten en donde haya mayor riesgo electoral en las ciudades priorizadas”, sostuvo Espitia.
Y añadió “hay muchas ciudades en las que se reporta un grave riesgo, tenemos ciudades en la costa en donde hay trashumacia, en Soledad, en el Valle del Cauca, en Palmira en Buenaventura en Nariño a Tumaco pero en general los problemas identificados son generalizados”.
Hace varios días la Unidad de Recepción Inmediata para la Transparencia Electoral (URIEL), del Ministerio del Interior, reveló que se han recibido 3.460 quejas de la ciudadanía.
Los departamentos con mayor número de denuncias son: Antioquia, Cundinamarca, Valle del Cauca, Santander y Tolima. Bogotá, Cúcuta, Villavicencio, Pereira y Medellín son las ciudades con más reportes.
El Gobierno Nacional informó en su momento, que son varios los delitos que presuntamente se han presentado en medio de esta campaña, pero la intervención indebida en política de servidores públicos es hasta el momento lo más reportado con un 12,33% del total de las quejas.
Le siguen los delitos de trashumancia electoral (11,40%), corrupción al sufragante (8,77%), constreñimiento al sufragante (8,77%), violación al régimen de propaganda electoral (8,10%), fraude en inscripción de cédulas (4,89%) e inscripción de candidatos inhabilitados (3,71%).
