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El Congreso de la República, cumpliendo una orden judicial, había reconstruido la lista de diez candidatos finalistas para la elección del Contralor General de la República, entre los cuales incluyó a cinco hombres y cinco mujeres, de acuerdo a los criterios de equidad de género.
Los miembros de la comisión accidental de Senado y Cámara decidieron recomponer el listado con los hombres y mujeres que tuvieron el mejor puntaje en las pruebas realizadas por la Universidad Industrial de Santander, la encargada de adelantar este proceso.
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Sin embargo, en las últimas horas la abogada Karol González, quien tuvo el más bajo puntaje de los diez aspirantes, decidió dar un paso al costado y renunciar a su aspiración para la Contraloría.
González es la esposa de Luis Ernesto Gómez, exsecretario de Gobierno de Bogotá, quien estuvo en la campaña de Gustavo Petro liderando algunos temas relacionados su candidatura en la capital del país. Sin embargo, en la carta con la cual dimite afirma que su aspiración a la Contraloría siempre fue completamente independiente de la actividad política de su esposo.
“Por esta razón y en coherencia con mi visión y convicción sobre la necesidad de una vigilancia y control fiscal independiente, he tomado la decisión de hacerme a un lado del proceso de selección. No existe ningún impedimento legal, conflicto de interés o inhabilidad o incompatibilidad para mi participación en el proceso, pero creo que el cambio que eligió el país en las urnas debe reflejarse no solo en la rama ejecutiva del poder público sino en todas las instancias del Estado”, señaló en su carta de renuncia.
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Asimismo, reconoce que no tuvo las mejores calificaciones en las pruebas que se hicieron por todo este proceso, sobre todo en temas relacionados con la experiencia requerida para asumir el cargo.
“También soy consciente de que mi puntaje no es el más alto en experiencia y publicaciones académicas, por lo que dedicaré estos cuatro años a seguir acumulando experiencia académica y profesional”, añadió.
Su carta de renuncia finaliza con un llamado al próximo Contralor General de la República para que dé un peso preponderante a la valoración ambiental previa para lograr avances en la contratación pública verde.
