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Una denuncia anónima que llegó a la Procuraduría provincial del puerto, alertó al ministerio público para iniciar una investigación contra 10 concejales que aprobaron que la alcaldía adquiriera un préstamo por 25 mil millones de pesos, para la compra de lotes con el fin de adelantar proyectos de vivienda.
En la consulta de asuntos disciplinarios de la página web de la Procuraduría, el trámite aparece en etapa probatoria de indagación preliminar, e indica que la denuncia se instauró a través de un escrito anónimo en el que se revela que algunos concejales que "aprobaron crédito por la suma de 25 mil millones de pesos, al Alcaldía Distrital, para la compra de tierras, se dice que el proyecto fue aprobado sin los previos estudios de ley”.
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La fecha del debate en el que se discutió el proyecto, fueel 28 de julio de 2018, cuando Edinson Bioscar Ruíz todavía ejercía como el alcalde encargado.
La Procuraduría notificó sobre la investigación a los concejales: Luis Henry Montaño, Sonia Libia Moreno Aguirre, Evangelista Aragón Cuero, Beatriz Mosquera Rodriguez, Hermógenes Micolta Gamboa, Pedro Nel Palacios Ortiz, Yolady Riascos Mosquera, Timoteo Ruiz Manyoma, Cirila Sanchez Orobio y Wistong Segura.
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Una de las concejalas investigadas, Beatriz Mosquera Rodriguez, indicó que “cuando fue aprobado el préstamo, el contexto económico de Buenaventura era diferente al de hoy… en materia de vivienda la ciudad ha avanzado sin planificación, el gobierno ha ofrecido más de 8 mil subsidios, pero se necesitan los terrenos para contruir, y me parece que eso debe hacerse”.
La Procuraduría solicitó información de los concejales vinculados, el pasado 15 de mayo a la Secretaría general del Concejo Distrtial.
Entre los datos requeridos estala última dirección registrada, sus números telefónicos, honorarios devengados para la época de los hechos, las actas de elección y posesión, constancias sobre antecedentes laborales y disciplinarios internos y las hojas de vida de cada uno.
Los concejales ya notificados, están a la espera de la citación de la Procuraduría, para que se defina si su actuación fue legal o no.
