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La Fiscalía General de la Nación reportó que un juez envió a la cárcel al exalcalde de Buenaventura, Eliécer Arbóleda, a su hijo Eliécer Torres Riascos y al exfuncionario Luis Edier Mancilla, procesados por presunta corrupción.
El exalcalde de Buenaventura se había entregado voluntariamente ante las autoridades, junto a las otras dos personas, luego de que el Tribunal Superior de Buga ordenara su recaptura.
Los capturados están siendo procesados judicialmente tras ser señalados de cometer varias irregularidades en el cambio del gerente del hospital local de Buenaventura.
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Según el coronel Jorge Cabra, comandante de la Policía de Buenaventura, los tres hombres se presentaron de manera conjunta acompañados de un funcionario de la Defensoría del Pueblo y fueron trasladados hasta las instalaciones de la institución.
El oficial agregó que antes de formalizar la detención, “se trasladan a una clínica para establecer que tengan una buena condición de salud, frente a los requerimientos y episodios que se han tenido con el exalcalde Torres”.
El exmandatario del puerto es procesado por, presuntamente, haber falsificado documentos para sacar de su cargo al gerente del Hospital quien se negó a entregar contratos a dedo y contratar a gente recomendada por el entonces alcalde y sus familiares.
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La Fiscalía reveló que Arboleda Torres ejecutó una completa trama de corrupción con el fin de presionar al gerente. Cuando no aceptó sus pretensiones movió toda su maquinaria para mentir sobre su renuncia al cargo.
El exfuncionario de la ventanilla única, Luis Eider Mancilla al parecer, habría facilitado los sellos para la adulteración de documentos, entre ellos, la renuncia del gerente a su cargo.
Por estos hechos el exalcalde enfrenta un proceso por los delitos de concierto para delinquir, concusión y falsedad ideológica en documentos público.
Mientras que el hijo del alcalde le fueron imputados por concusión y falsedad ideológica en documento público; y a Luis Eider Mancilla, por falsedad en documento público.
En decisión de primera instancia, el juzgado sexto de control de garantías había ordenado su privación de la libertad en centro carcelario. La decisión fue confirmada en segunda instancia por un juez de conocimiento.
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Sin embargo, en una polémica decisión el juzgado 4 de garantías revocó la medida de aseguramiento y ordenó su libertad inmediata argumentando que no existía una conducta ilícita que justificara una medida carcelaria.
Por estos hechos, el Tribunal Superior de Buenaventura compulsó copias para que se investigue penal y disciplinariamente al funcionario judicial.
