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La directora general delInstituto Colombiano de Bienestar Familiar, Juliana Pungiluppi reveló que durante el 2018 se han abierto 9.102 procesos administrativos de restablecimiento de derechos por denuncias relacionadas con abuso sexual infantil. En promedio se reciben 38 diarias por este delito, cifra que viene en aumento puesto que el 2017 se registraban 31 denuncias cada día.
Según el Instituto, el 42% de los violencia sexual y no sexual en contra de los menores ocurre al interior de los hogares y en muchas ocasiones los victimarios de los menores son personas conocidas o inclusive familiares.
Pungiluppi hizo un llamado para que los comisarios de familia actúen de manera más rápida en la super visión de la situación al interior de los hogares y garanticen los derechos de los menores.
Los comisarios dependen de los entes territoriales (alcaldías), mientras que los defensores de familia hacen parte del ICBF pero no pueden actuar hasta que los comisarios verifiquen la situación.
Las regiones del país que más casos de abuso sexual infantil han registrado son: Bogotá con 2.245 denuncias, Valle con 946 y Atlántico con 569.
Cadena perpetua
El Instituto manifestó que es necesario fortalecer el enfoque familiar y abordar esta problemática desde una perspectiva más interinstitucional. Sin embargo, también se deben endurecer las penas contra voladores de menores.
La directora del ICBF dijo que “Respaldamos la iniciativa del presidente Duque para implementar la cadena perpetua para voladores y asesinos de menores, estamos a la espera de saber si se hará vía referendo o mediante un proyecto legislativo”.
Según Pungiluppi, los entes territoriales y el sector salud también tienen gran responsabilidad en la prevención de estos casos.
“Hay que revisar que pasa con la salud mental de los colombianos, como en el caso de la menor génesis, en prevención de crímenes se debe abordar el problema desde todas las perspectivas”.
El ICBF recordó que, aún sin cadena perpetua la Ley 1098 contempla penas entre 40 y 60 años para los agresores de menores y que no existe rebaja de penas cuando se trate de delitos en contra de menores de edad.
