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Desde el Concejo de Bogotá, piden una inmediata intervención en un lote contiguo a la Cárcel Modelo, propiedad de la Universidad de Cundinamarca frente a los problemas de inseguridad que se han instalado en el lugar.
Según los vecinos del sector, ubicado en la localidad de Puente Aranda, la situación que se viene dando desde el mes de julio y genera problemas de inseguridad, consumo de drogas y condiciones de vulnerabilidad extrema de población habitante de calle y migrantes.
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El lote está ubicado en la calle 17 A # 57-30, que bajo condiciones de abandono ha incidido en dinámicas de delincuencia, mala disposición y manejo de residuos y sitio de vivienda improvisada de decenas de familias en pobreza.
“Se evidencian un total de 43 cambuches, más de 30 estructuras nuevas que se instalaron el fin de semana comprendido entre el 1 y 2 de noviembre al punto referido. Hay en promedio 50 familias en el lugar, con por lo menos 32 niños y niñas menores de 15 años que quedan expuestos a las dinámicas de inseguridad, consumo de drogas e insalubridad”, denunció la concejal Lucía Bastidas.
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Por medio de una carta dirigida a la Secretaría de Integración Social, la UAESP, la Secretaría de Seguridad y a la Universidad de Cundinamarca como dueños del predio en cuestión, la cabildante del partido Alianza Verde pidió “acciones definitivas y permanentes para la comunidad residente” e insistió en los programas de ayuda social para quienes se han venido ubicando en ese lugar durante la pandemia.
La Universidad afirma que la seguridad del predio implica gastos en vigilancia privada y enrejado, y al ser esos temas distintos a su misionalidad, hace que el presupuesto para este fin no sea una prioridad.
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Por su parte, la alcaldía local ha interpuesto querellas hacia la universidad, poniendo en su conocimiento la situación de afectaciones a la convivencia y la seguridad del sector.
Mientras que “las entidades han intentado abordar a las poblaciones allí presentes, pero no han podido lograr acciones de manera contundente, teniendo en cuenta que, sin la disposición del centro educativo como propietarios, no es posible”, señaló Bastidas.
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La situación con este predio lleva un proceso de diálogo y reuniones previas entre diversas entidades desde hace más de 3 meses sin poder darse solución debido al carácter privado que tiene y la negativa de la Universidad de tomar medidas al respecto.
