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La organización de Derechos Humanos que investiga desapariciones forzadas en el país, Orlando Fals Borda, (OFB) denunció que en los cementerios de las zonas rurales donde no existen hornos crematorios para la aplicación de los protocolos para el destino final de los cuerpos contagiados con la COVID- 19, los sepultureros no tienen los elementos de bioseguridad ni garantías laborales para el entierro de estas personas.
El director Ejecutivo de la entidad, César Santoyo, confirmó su preocupación por estas prácticas en los cementerios donde se adelantan labores de búsqueda e identificación de desaparecidos en el marco del conflicto y que fueron sepultados en estos cementerios locales.
“Todas las labores que realizan al interior de los cementerios, las ejecutan con sus prendas privadas y herramientas no adecuadas. Ahora necesitan el uso permanente de guantes dobles, máscaras de filtración N95 como mínimo (no tapabocas), botas y batas desechables, más las vacunas de Hepatitis B, Difteria, Tosferina y Tétanos que cuestan cerca de $435.000 por cada operario dentro de la ruta de inhumación", afirmó.
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A su vez, destacó que los sepultureros no tienen elementos básicos de protección para esta pandemia de la COVID-19.
“Hemos visto desamparo de los sepultureros en varios municipios del país. Se está poniendo en riesgo la vida de las personas que entierran a las víctimas de coronavirus. P por eso, la corporación está lanzando una alerta visibilizar de que no existen protocolos seguros para esta población”, subrayó.
Agregó que a esto se le suma la falta de capacitación de los sepultureros en la aplicación de los protocolos como también en la disposición final de estos cuerpos.
“Es importante además que tengan todas las garantías laborales, teniendo en cuenta que muchos de ellos no los tienen”, manifestó.
Dijo que es urgente crear una ruta de intervención para garantizar que en estos cementerios se adelanten estas labores, luego que el Ministerio del Interior reportara en el 2018 unos 426 cementerios en el país, en los cuales se encontraban aproximadamente 26,395 registros de personas inhumadas como no identificadas.
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Ante esta situación, la corporación OFB le solicitó también al Gobierno Nacional que estos procesos de entierros de pacientes con la COVID-19 en los municipios y veredas, se adelanten en sitios completamente diferentes a los cementerios por temas sanitarios y del desarrollo del trabajo que se adelanta en estos campos santos.
“Si estimamos que en cada uno de los 1.122 municipios en Colombia existe un cementerio, hay que tener en cuenta que en veredas y corregimientos podrían existir muchos no censados. Por este motivo, urge una ruta de intervención”, subrayó.
“En cuanto a las personas desaparecidas tampoco hay un dato exacto, por cuanto el Centro de Memoria Histórica indica que son cerca de 83.000 desaparecidos a 2018 y el Instituto Nacional de Medicina Legal, a través de las estadísticas del Sistema de Información Red de Desaparecidos y Cadáveres (Sirdec), reporta 153.583 desapariciones, de las cuales 30.752 podrían corresponder a casos de desaparición forzada”, puntualizó.
