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Desde el pasado 31 de marzo, las comunidades indígenas provenientes de los departamentos de Cauca, Nariño y Putumayo se asentaron en la Plaza de Bolívar en Bogotá, con el objetivo de expresar sus reivindicaciones al Gobierno Nacional.
La Defensoría del Pueblo señaló que ha seguido de cerca las movilizaciones, que han reunido a más de 1.800 personas, entre las que se encuentran alrededor de 200 niños y 200 adultos mayores.
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A pesar de los compromisos iniciales, se advirtió que el Distrito Capital y el Ministerio del Interior no cumplieron con las condiciones ofrecidas para garantizar un entorno adecuado para los manifestantes.
El Gobierno había acordado facilitar el Parque El Renacimiento como un albergue seguro, además de ofrecer agua potable, alimentación y baños portátiles. Sin embargo, estas condiciones no se concretaron, según se advierte desde la Defensoría del Pueblo.
Ante esta situación, los líderes de las comunidades indígenas decidieron no trasladarse al parque y optaron por mantenerse en la Plaza de Bolívar.
En respuesta, la Defensoría del Pueblo le solicitó al Ministerio del Interior tomar medidas claras y urgentes para facilitar el inicio de las mesas de diálogo, con el fin de garantizar que se escuchen las demandas de las comunidades indígenas de manera efectiva.
Así mismo, la entidad ha estado presente en el lugar, acompañando a los manifestantes y supervisando la situación y ofreció sus instalaciones en la sede regional de Bogotá como un espacio para llevar a cabo las conversaciones con los líderes indígenas, como parte del esfuerzo para encontrar una solución que respete los derechos de las comunidades.
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En vista de los acontecimientos, la Defensoría también solicitó a las autoridades competentes garantizar los derechos fundamentales de los manifestantes y poner a disposición los recursos necesarios para una interlocución seria y respetuosa.
La Defensoría anunció que continuará con el monitoreando el desarrollo de la manifestación, subrayando la importancia de garantizar un trato adecuado y de dialogar de manera efectiva con las comunidades indígenas, en el marco de la protección de sus derechos.
