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Tras una reunión del ministro de Justicia, Néstor Osuna, junto a los directivos del Instituto Nacional Penitenciario y carcelario -Inpec-, la Policía Nacional y la Fiscalía Genera de la Nación, se decretó emergencia carcelaria por plan pistola en contra de funcionarios de la institución.
La medida tiene dos objetivos: proteger la vida y la integridad de los guardianes del Inpec y erradicar la extorsión y corrupción dentro de las cárceles.
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Cifras del Inpec afirman que en lo corrido del 2024 se han registrado cinco atentados y dos homicidios; ese plan pistola en contra de varios guardias sería en represalia por los estrictos controles que implementó el Inpec a través de la operación Dominó.
Las amenazas más recurrentes han sido en las cárceles de Tuluá, Cartagena, Jamundí y Bogotá. Esta es la cuarta vez que se declara una emergencia carcelaria en el país. La más reciente fue en 2020 por cuenta de la pandemia del covid-19.
Esta emergencia carcelaria permitirá la implementación de diversas medidas, incluyendo traslados presupuestales y contratación directa de recursos.
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Además, se solicitó apoyo adicional a la fuerza pública para reforzar la vigilancia en los establecimientos penitenciarios y se contempla suspender o reemplazar al personal en situaciones especiales para salvaguardar su seguridad.
"Pedimos el apoyo de las Fuerzas Militares y he hablado con el ministro de Defensa y se dispondrá también el apoyo militar para proteger la vida, la libertad y la honra de los guardianes del Inpec. Además, le he pedido al coronel Gutiérrez, director del Inpec, que declare a la mayor brevedad la emergencia para tener herramientas adicionales no sólo para mantener la disciplina carcelaria, sino para mantener la seguridad de los guardianes del Inpec", dijo el ministro Osuna.
Por su parte, el director de Inpec, coronel Daniel Gutiérrez, aseguró se ha registrado un incremento del 41 % en los casos de extorsión carcelaria, lo cual ha generado preocupación en la sociedad colombiana.
Del mismo modo, un aumento del 100 % en los incidentes de seguridad relacionados con el personal penitenciario respecto al año anterior, con dos homicidios registrados en Cúcuta y Cartagena, cinco atentados y 10 amenazas directas contra funcionarios.
