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El exgerente especial para La Guajira, Luis Gómez Pimienta, ha hecho declaraciones contundentes sobre la gestión de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), advirtiendo al presidente Petro desde noviembre pasado sobre las irregularidades presentes en el manejo de las ollas comunitarias y los carrotanques.
En una entrevista en La FM de RCN, Gómez Pimienta subrayó que estas acciones estaban motivadas por intereses políticos o personales, más que por el genuino compromiso con la atención a las comunidades afectadas.
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"Quiero precisar una cosa", comenzó Gómez Pimienta. "La gerencia era una entidad concedida por el presidente para coordinar todas las acciones de los entes accionados por la sentencia 302, pero con unas características, la gerencia no tenía recursos, no tenía nómina y tampoco ejercía funciones de seguimiento de auditoría".
El exgerente especial destacó la falta de una presencia institucional permanente en las áreas afectadas, haciendo hincapié en la necesidad de una acción coordinada entre las autoridades tradicionales y las instituciones públicas a nivel nacional, regional y local, lo cual, según él, no se estaba llevando a cabo de manera efectiva.
"Inicialmente, el 6 de noviembre, yo le solicité al presidente no renovarme el contrato, el cual estaba hasta el 31 de diciembre", recordó Gómez Pimienta. "Sin embargo, me llamaron a Bogotá y después de eso, en una semana de crisis, 5 niños muertos en cadena. Me llamó el doctor Carlos Ramón González, del Dapre, a preguntarme qué pasaba. Le mandé la carta del 20 de diciembre que todos conocen".
En dicha carta, Gómez Pimienta expresó sus preocupaciones sobre la falta de coordinación entre las distintas instituciones públicas, así como su percepción de que la ejecución de los recursos destinados a La Guajira estaba siendo desviada hacia fines políticos o personales.
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"Yo llegué al proceso en febrero del año pasado y eran muy notarios los intereses políticos", afirmó Gómez Pimienta.
Luis Gómez Pimienta indicó que "algunas cosas, por ejemplo, la relación y trato preferencial para funcionarios de la política regional. Desde el Ministerio del Interior había un trato especial para la gobernadora encargada, pero también para el sector político, dirigido por el senador Alfredo Rafael Deluque. Eso era evidente".
