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La Corte Constitucional se encuentra en medio de un intenso debate sobre una demanda que busca suspender el monopolio que tienen las regiones sobre la venta de licores destilados en el país.
Esta situación ha generado opiniones divididas y un fuerte pulso entre los líderes regionales, quienes argumentan tanto a favor como en contra de esta medida.
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Por ejemplo, durante su intervención ante el alto tribunal, la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, defendió el monopolio argumentando que su suspensión de esta medida afectaría las finanzas departamentales, así como la generación del empleo.
“Acabar con la salvaguardia del aguardiente es entregar los empleos de nuestra gente, directos e indirectos, a la incertidumbre. Esta demanda atenta contra el financiamiento de los departamentos y contra la autonomía de los territorios", dijo la gobernadora Toro en medio de la audiencia.
Añadió que "los demandantes olvidaron que la Constitución proclamó la descentralización y la autonomía financiera y administrativa en nuestros territorios”.
Por su parte, el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, añadió que para el desarrollo de los diferentes departamentos del país es necesaria la transferencia de estos recursos, ya que “la estructura tributaria departamental es bastante débil y poco dinámica”.
En el marco de esta audiencia realizada por la corte constitucional, el gobernador de Caldas, Henry Gutiérrez, defendió la postura de suspender este monopolio.
Afirmó que se debe “garantizar que el aguardiente, un símbolo de nuestra identidad, pueda comercializarse sin fronteras en todo el territorio nacional”.
Entretanto, el gerente general de la Industria Licorera de Caldas, Diego Angelillis Quiceno, durante la audiencia pública de la Corte Constitucional aseguró que se debe suspender el monopolio de licores destilados.
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Añadió que se “vulnera la libre competencia y el derecho de los consumidores a elegir, sino que también contradice el propósito del monopolio rentístico, que debe generar recursos para fines sociales, no para proteger fábricas”.
Este fallo de la Corte podría marcar un cambio significativo en la regulación del sector de licores en Colombia, su impacto en la economía regional incluso el margen del mercado ilegal de licores en el país.
