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La crisis del sistema de salud en el Valle del Cauca continúa agravándose. Ante el panorama que enfrentan miles de pacientes, la gobernadora Dilian Francisca Toro interpuso una acción popular con el propósito de garantizar el derecho fundamental a la salud de los vallecaucanos, en medio de la emergencia humanitaria que el departamento ya había declarado semanas atrás.
Las autoridades departamentales advirtieron que, tras conocer el más reciente balance de los pagos de las EPS intervenidas, aún no se ha realizado el giro directo correspondiente a los meses de mayo y junio. A esto se suma que, por concepto de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), únicamente fueron girados 289 mil millones de pesos, dejando pendientes más de 500 mil millones. Esta situación llevó al departamento a presentar la acción popular ante la jurisdicción contencioso-administrativa.
"Esta no es una pelea política, es una defensa de la vida, de la dignidad de los pacientes y de los recursos públicos que deben llegar a donde más se necesita: a la atención de la gente. Con esta acción le pedimos a la justicia medidas urgentes para poder garantizar la entrega oportuna de medicamentos, el pago de las deudas que, por supuesto, tienen en crisis a nuestros hospitales y un seguimiento permanente para que los compromisos se cumplan", señaló la mandataria.
Pacientes enfrentan mayores barreras para acceder a la atención médica
La falta de recursos sigue obligando a clínicas y hospitales a cerrar servicios, incrementando las dificultades para que los pacientes reciban atención médica, especialmente en los servicios ambulatorios. Los más afectados son los usuarios afiliados a las EPS intervenidas Emssanar, Asmet Salud y Coosalud, quienes, según las autoridades, ya no podrán ser atendidos ni en varias clínicas privadas ni en algunos hospitales públicos por la falta de pago.
"No podemos aceptar que una madre tenga que recorrer varias farmacias para conseguir el medicamento de su hijo; que un adulto mayor espere meses por una cita o un tratamiento; o que nuestros hospitales sigan atendiendo urgencias desbordadas mientras enfrentan una crisis financiera causada por millonarias deudas. A cada vallecaucano quiero decirle que no está solo. Vamos a defender su derecho a una atención digna, oportuna y de calidad. Porque la salud no es un privilegio ni un favor: es un derecho, y lo vamos a defender con toda la fuerza de la ley”, agregó la mandataria.
A la fecha, las EPS intervenidas por el Gobierno nacional adeudan al Valle del Cauca una cartera superior a los 7 billones de pesos tanto para instituciones de salud públicas como privadas.
Más de 460 pacientes deberán ser reubicados
La gobernadora explicó que por la situación de salud, el Hospital Universitario del Valle, principal centro de alta complejidad del suroccidente colombiano, se vería en la necesidad de devolver pacientes.
Explicó que el HUV como también se le conoce y que tradicionalmente recibía entre el 66% y el 67% de los recursos facturados por la atención de pacientes, unos $13.000 millones mensuales, solo recibió 333 millones de pesos, recursos insuficientes para responder a la sobreocupación que actualmente enfrenta el centro asistencial.
“Por el cierre de servicios de instituciones privadas, el Hospital Universitario del Valle ha recibido un mayor número de pacientes y ya no tiene cómo atender esa sobreocupación. Tendría que sacar cerca de 190 pacientes hospitalizados de Emssanar por dar un ejemplo. Lo mismo ocurre con el Hospital ‘Isaías Duarte Cancino’ que tiene 93 pacientes, hay 133 en el San Juan de Dios y 62 menores de edad reciben atención en la Fundación Club Noel. ¿A esos pacientes dónde los van a recibir? En ninguna parte, porque a las clínicas tampoco les han pagado, no los van a recibir y en los hospitales públicos ya no tenemos más cómo atenderlos”, advirtió.
Las autoridades insisten en que se requieren medidas urgentes para evitar un mayor deterioro de la atención en salud y garantizar la continuidad de los tratamientos para miles de usuarios.
“No estamos hablando simplemente de números; estamos hablando de recursos que significan atención para pacientes, medicamentos para pacientes, sostenibilidad para hospitales y clínicas y, por supuesto, bienestar, tranquilidad y salud para todas las familias vallecaucanas”, concluyó la mandataria.
Una problemática tanto en la red pública como privada
La secretaria de Salud del Valle, María Cristina Lesmes, indicó que la afectación ya alcanza tanto a la red pública como a las principales clínicas privadas del departamento, precisamente cuando deben asumir el pago de la prima legal a miles de trabajadores del sector salud.
“La afectación no es solo para los hospitales. Clínicas como Valle del Lili, Occidente, Remedios y Farallones también presentan una disminución importante en los pagos, lo que agrava enormemente la situación”, explicó.
Claves del tema
¿En qué consiste la Acción Popular?
La Acción Popular representa, mayor inmediatez a medidas cautelares que pueden evitar que estos derechos colectivos y sociales de la comunidad, que son inherentes a la misma salud, sean atendidos de una forma prioritaria ya que los recursos en vía administrativa, ordinaria ante el Gobierno nacional y ante el Ministerio de Salud, han sido insuficientes y esas autoridades no han dado respuesta ante el llamado que están haciendo las autoridades departamentales.
¿Qué pacientes enfrentan mayores barreras para acceder a la atención médica?
La situación genera mayor preocupación por los pacientes que actualmente reciben atención en diferentes instituciones hospitalarias y están en la EPS Emssanar, ya que la red pública tendría que buscar la reubicación de 463 pacientes en el departamento. De esa cifra 190 pacientes están en el HUV; 78 pacientes del Isaías Duarte Cancino, 133 del Hospital San Juan de Dios y 62 pacientes menores de edad de la Fundación Club Noel.
¿Cuántas EPS hay intervenidas en el Valle del Cauca?
El Valle del Cauca tiene el 78% de las EPS intervenidas. El total de cartera es de $2 billones 768 mil millones, y de las EPS intervenidas el valor es de $1 billón 624 mil millones. Una de las principales preocupaciones continúa siendo el flujo oportuno de los recursos hacia las instituciones prestadoras de salud, pues los pagos parciales están afectando la capacidad de respuesta.
