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La Procuraduría General de la Nación le pidió al ministro de Minas, Andrés Camacho, sustentar y remitir los fundamentos que soportarían las cuatro soluciones planteadas por el Gobierno Nacional para reducir el costo de energía en la Costa Caribe.
La delegada para asuntos medio ambientales, solicitó al ministro informar los fundamentos constitucionales y legales, de las propuestas planteadas por el Gobierno Nacional para mitigar la situación tarifaria en esta región del país.
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El organismo resalta que el gobierno propuso como medidas implementar costos de generación en Áreas Especiales', financiación solidaria de los saldos de Opción Tarifaria, plan de inversión para Comunidades Energéticas y generación distribuida, y titularización de la deuda generada por la Opción Tarifaria.
La Procuraduría reiteró su alerta frente a que las decisiones reglamentarias y regulatorias adoptadas por Ministerio y por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg), deben considerar la problemática de tarifas de los usuarios de la Costa Caribe.
Para la delegada, esas iniciativas deben adicionar "la apremiante necesidad" de anticipar posibles escenarios de riesgo que puedan afectar la prestación del servicio de energía por riesgo sistémico, que es generado por el problema de liquidez de las empresas prestadoras del servicio de energía eléctrica.
La Procuraduría afirma que este tema es fundamental, por lo que solicitó al ministro Camacho que resalte cuáles serán los cambios regulatorios que deberán ser expedidos para pode ejecutar cada una de las cuatro propuestas del Gobierno Nacional.
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Finalmente, la delegada solicitó que se informe sobre las proyecciones de ahorro en la tarifa que generaría la aplicación de las soluciones, las propuestas radicadas por las empresas generadoras, distribuidoras y demás actores relevantes en relación con las soluciones que se podrían implementar para superar la problemática tarifaria de los usuarios de la Costa Caribe.
