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La Corte Constitucional encontró fallas administrativas y estructurales que estarían revictimizando a las personas afectadas por el conflicto al no darle respuestas a sus solicitudes.
Según el fallo, la entidad no está respondiendo oportunamente ni las peticiones formuladas por las personas que ante ella pretenden hacer valer sus derechos ni a las acciones judiciales iniciadas contra la entidad.
La Corte también encontró que en múltiples ocasiones la UARIV invoca requisitos que no se encuentran en la ley para responder las solicitudes de ayuda humanitaria, utilizándolos para negar la ayuda humanitaria o para no dar una respuesta de fondo sobre lo solicitado.
Dichas acciones de tutela en su mayoría fueron presentadas por la falta de ayuda humanitaria y porque la entidad les contestó de manera negativa argumentando que no tenían derecho a las ayudas, ya que el desplazamiento forzado había ocurrido hace más de 10 años.
Para la Corte las respuestas son una clara violación a los derechos fundamentales, especialmente a la igualdad, el mínimo vital, la seguridad social, la salud, entre otros. Asimismo, se plantea el desconocimiento por parte del Estado del deber de protección especial a los niños, a las personas de la tercera edad y a las personas en situación de desplazamiento forzado.
