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La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos presentó su informe anual sobre la situación de Colombia durante 2024, en el que destacó la persistente preocupación por la violación de derechos fundamentales en el país.
Según el informe, la ONU recibió al menos 89 denuncias sobre presuntas masacres, de las cuales 72 casos fueron verificados.
La situación más alarmante fue el reclutamiento de menores, con 216 casos confirmados, en los que se incluyeron 118 niños, 86 niñas y 12 personas sin confirmación de género. La gran mayoría de las víctimas pertenecían a comunidades indígenas y afrodescendientes, lo que agravó la problemática.
El informe detalló que muchos de los menores fueron sometidos a castigos físicos y, tras su desvinculación de los grupos armados, varios fueron amenazados. Incluso, se documentaron casos de niños asesinados durante hostilidades o como represalia de los grupos, por ejemplo, en Guaviare, dos menores fueron torturados y asesinados.
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Otro punto crítico abordado fue la violencia sexual, especialmente contra pueblos indígenas, afrodescendientes y personas migrantes. Se documentaron violaciones, uniones tempranas y anticoncepción forzada a niñas reclutadas, muchas de las cuales tenían apenas 12 años y se recibieron denuncias sobre trata y explotación sexual de mujeres y niñas, incluidas las migrantes y refugiadas venezolanas.
En cuanto a los homicidios de líderes sociales, la ONU verificó 89 de los 191 casos reportados en 2024. Los defensores de derechos humanos, especialmente los presidentes de las Juntas de Acción Comunal (JAC), fueron los más afectados y los grupos armados no estatales fueron responsables del 71% de los homicidios verificados.
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El informe también incluyó denuncias sobre violaciones a los derechos humanos cometidas por miembros de la fuerza pública. De las 33 denuncias recibidas, 18 fueron verificadas, lo que reflejó una disminución del 39% en comparación con 2023. Las alegaciones incluyeron torturas, tratos crueles y violencia sexual.
La ONU hizo varias recomendaciones al Gobierno colombiano, como incluir en los diálogos con los grupos armados el acceso irrestricto del Estado a los territorios para garantizar la protección de los derechos humanos.
Así como avanzar en el sistema restaurativo de la JEP y fortalecer la implementación de acuerdos de paz para evitar la legitimación de grupos armados ilegales.
