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Luego del sonado caso en el que la Contraloría Distrital de Cartagena embargara las cuentas del alcalde de Cartagena y más de 40 de sus funcionarios y exfuncionarios, como medida cautelar por las investigaciones que se adelantan por el pago presuntamente indebido en gastos de representación, se desató una nueva polémica en la que se denunció un supuesto carrusel de proceso de cobros coactivos en la Contraloría de Cartagena.
“La veeduría solicitó al contralor la relación de personas naturales y jurídicas sancionadas mediante proceso de responsabilidad fiscal y los deudores que se encuentran en cobro coactivo hasta la fecha”, explicó Neil Fortich, de la Veeduría Control Visible.
Recientemente, la coordinadora de control fiscal participativo de la Contraloría Distrito relacionó a 21 personas sancionadas fiscalmente con multas, en el que el mayor valor de la multa es de $5.958.552 y el menor es de sólo $329.533.
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Entre los casos más destacados está Álvaro Gómez Poveda, quién estuvo en la Escuela Taller Cartagena de Indias, con una multa de 2.577 664; Patricia Zapata Negrete con una multa de más de 5.900.000; Carlos Mieles, quien estuvo en la Alcaldía Local 1 con una multa de más 790.000 pesos, entre otros.
“Esto curiosamente nos permite inferir que los detrimentos fiscales causados por todos 21 funcionarios fueron leves o de poca trascendencia fiscal”, precisó Fortich.
Por otra parte, según el informe que entregó la Contraloría Distrital, en respuesta a un derecho de petición, a día de hoy se encuentran activos 54 procesos de cobro coactivo activos que en total suman $117.970.638.947.
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En el caso de los cobros coactivos, se destaca Eduardo Vizcaíno, Jhon Jairo Lerech, Alfonso Pitalúa Montero, con una cuantía de $337.640.533; también, Claudio Royo Bárcenas con una cuantía de $4.400.543, y el exalcalde de Cartagena Carlos Díaz Redondo con 1.135.707.142, entre otros.
“Esto es una suma escandalosa, una suma que la Contraloría debió recuperar, pero lo más grave aún es que la mayoría de procesos se encuentran engavetados; encontramos procesos donde la última gestión de cobro fue en el año 2017, 2018, 2019, lo que nos permite denunciar un gran carrusel de procesos de cobro coactivo engavetados”, manifestó Fortich.
Agregó que, “no entendemos como la Contraloría Distrital que dirige el señor Fredy Quintero es eficiente, eficaz y contundente embargando las cuentas de varios servidores públicos de la actual administración, mientras que es lenta y negligente para embargar y cobrar las deudas fiscales a funcionarios de administraciones anteriores”.
Por esta situación, desde la veeduría se exige que se desengavete los otros procesos, “y persiga con la misma eficiencia los bienes de los demás deudores morosos”.
