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Un juez del Complejo Judicial de Paloquemao avaló los argumentos y el material probatorio presentados por la Fiscalía General de la Nación e impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad en lugar de residencia a cinco presuntos integrantes de la autodenominada Primera Línea en Bogotá.
Se presume que estas personas participaron en actos de vandalismo y terrorismo durante protestas sociales que se registraron en la capital del país este año.
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Los afectados con la medida son Andrés Felipe Rodríguez Cháves, alias Gato; Maura Valentina Díaz Flórez, alias Maura; Julián Andrés Moreno Otero, alias Flaco; Jhonatan Steven Cortés Aldana, alias Z-11; y Karina Yurley Cepeda Andrade, alias Karo.
La investigación liderada por un fiscal de la Seccional Bogotá permitió establecer la presunta participación de los judicializados en al menos tres eventos perpetrados así:
• El 22 de julio de 2021 a las 11:30 pm. en la Avenida Ciudad de Cali con calle 139, donde alias Z-11 y alias Karo presuntamente lanzaron bombas incendiarias contra una patrulla de la Policía; además, habrían roto vidrios y pinchado las llantas del vehículo. El uniformado que conducía el automotor fue golpeado y amenazado de muerte. En el ataque también resultó afectado un taxi que fue estrellado por el vehículo oficial. Los daños causados alcanzaron los $39 millones.
• El pasado 31 de julio en el noroccidente de Bogotá, los hoy imputados al parecer retuvieron durante 30 minutos a 6 auxiliares de Policía, luego de notar que pertenecían a la fuerza pública, a pesar de que ellos estaban vestidos de civil. Las víctimas fueron agredidas física y verbalmente, así como torturadas. Los presuntos agresores además les habrían hurtado sus objetos de valor al igual que dinero en efectivo. Uno de los afectados recibió una incapacidad de 7 días por las lesiones sufridas.
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• El 9 de agosto último a la 1:30 de la tarde en la calle 102 con Avenida Suba, los cinco investigados al parecer ubicaron una barricada con troncos y llantas. Allí habrían destruido un bus del Sistema Integrado de Transporte Público. Los presuntos implicados rompieron el sistema de presurización de las puertas, los vidrios y la carrocería, y luego le prendieron fuego. Aparentemente, durante el hecho, amenazaron al conductor y a los pasajeros entre los que se encontraba una niña de 6 años. Los daños ocasionados alcanzaron los $761 millones de pesos.
Por lo anterior, el ente investigativo les imputó a los procesados —de acuerdo con su posible participación y rol— los delitos de secuestro, tortura, terrorismo, concierto para delinquir, violencia contra servidor público, daño en bien ajeno agravado y lanzamiento de objetos peligrosos
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