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El Juez Octavo Penal con función de control de garantías definió la situación jurídica de 25 personas, implicadas en el gestionar de manera fraudulenta trámites en el Instituto Geográfico Agustín Codazzi a cambio de dinero.
Se trata de una investigación que se inició hace dos años en la Fiscalía General de la Nación y que dejó al descubierto la manera como los implicados detenían las peticiones que realizaban los usuarios, direccionaban trámites de manera irregular a otras áreas, tramitaban de manera fraudulenta licencias ambientales, para beneficiar empresas constructoras ocasionando daños en varios ecosistemas del departamento.
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Luego de dos semanas de audiencias concentradas, el juez determinó enviar a la cárcel al director territorial del IGAC, Mauricio Fernando Mora Bonilla, quien habría abusado de sus funciones al agilizar trámites solicitados por el cabecilla de la organización, Luis Carlos López Guevara, también afectado con medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.
La fiscalía les formuló cargos a los investigados según su grado de participación y posible responsabilidad, por delitos como: concierto para delinquir, concusión, cohecho propio, cohecho impropio, cohecho por dar u ofrecer, daño en los recursos naturales y ecocidio, prevaricato por omisión y acceso abusivo a un sistema informático.
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En tal sentido, el juez determinó enviar a la cárcel con medida de aseguramiento preventiva a cinco personas, otorgó 11 medidas domiciliarias, 3 no privativas de la libertad y 5 libertades.
Otros de los afectados con medida de aseguramiento intramural son: Daniel Francisco Flórez Castro, Camilo Alejandro Chamorro Rojas y Carlos Javier Lugo Botero.
Con detención domiciliaria:
Juan Alexánder Roa Lozano, secretario de Infraestructura de la Alcaldía de Ambalema quien renunció a su cargo durante el proceso.
Marlon Mauricio Solano Colmenares, topógrafo de la entidad.
Manuel Antonio Lis Díaz, ingeniero, se presume era quien permitió el acceso al sistema de la entidad para hacer trámites irregulares.
Julián Felipe Charry Reyes, oficial de Catastro. Renunció durante el proceso.
Sandra Alejandra Villalo Rojas y Yussi Yarleth Sierra, al parecer, ingresaron de manera irregular al sistema del Igac de manera remota desde sus casas para hacer trámites y proyectar resoluciones.
Diego Armando Reyes Ávila, oficial de Catastro del IGAC. Renunció durante el proceso.
Fabián Ardila Roa, funcionario. Renunció durante el proceso.
Fernando José Alcántara Guzmán, funcionario de Cortolima.
Cristhian Daniel Calderón Caballero. Renunció durante el proceso.
Andrea Milena Gutiérrez Galindo, contratista, que habría notificado de actos administrativos fraudulentos.
Óscar Fernando Cardozo Osuna, funcionario de Cortolima.
