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El ministro de Justicia y ministro del Interior encargado, Iván Cancino, respondió a las declaraciones del senador Iván Cepeda, quien anunció denuncias penales y disciplinarias contra el presidente Abelardo De La Espriella y el ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, por presuntos delitos relacionados con narcotráfico, paramilitarismo y posibles irregularidades en negocios y actuaciones sobre tierras.
Cancino cuestionó la solidez de los señalamientos formulados contra el jefe de Estado durante el debate de control político realizado en el Senado y sostuvo que este mecanismo democrático debe ejercerse con argumentos, pruebas y responsabilidad, sin convertir las acusaciones en conclusiones anticipadas sobre la culpabilidad de una persona.
“El control político es una herramienta fundamental de nuestra democracia, pero no puede convertirse en un escenario para lanzar acusaciones sin demostrar y fundamentarlas”, afirmó el funcionario.
El ministro se refirió a los documentos y elementos expuestos por Cepeda durante el debate, entre ellos organigramas, escrituras públicas y registros de operaciones empresariales que, según el senador, permitirían establecer presuntas relaciones entre negocios, personas vinculadas al narcotráfico y el paramilitarismo, así como actuaciones relacionadas con la administración y restitución de tierras.
Frente a esos señalamientos, Cancino aseguró que, a su juicio, los elementos presentados públicamente no constituyen pruebas contundentes que permitan comprometer la presunción de inocencia de De La Espriella.
“Ayer se realizaron señalamientos contra el señor presidente Abelardo De La Espriella, que pueden parecer graves, pero que no tienen prueba contundente, ni sólida, ni ningún soporte que pueda poner en peligro la inocencia y la presunción de inocencia de nuestro presidente”, manifestó.
El funcionario cuestionó que se utilicen documentos y operaciones empresariales para construir una narrativa sobre posibles conductas delictivas sin que, según su planteamiento, exista un respaldo probatorio suficiente que permita establecerlas.
“Es que no es solamente llegar a exhibir organigramas, escrituras de hace más de una década y operaciones empresariales para construir una narrativa que no sustituye ni las decisiones de la justicia, ni el respaldo documental, testimonial, indiciario o pericial que tiene que tener este tipo de denuncias”, sostuvo.
Con esta afirmación, Cancino insistió en que los señalamientos deben ser examinados dentro de los procedimientos correspondientes y que las conclusiones sobre eventuales delitos no pueden derivarse únicamente de las interpretaciones que se hagan de documentos o relaciones comerciales.
En su pronunciamiento, el ministro también trasladó la discusión al tratamiento que, según él, algunos sectores de la oposición han dado a las denuncias relacionadas con el anterior Gobierno.
Cancino cuestionó que se exijan explicaciones y responsabilidades frente a las acusaciones formuladas por Cepeda contra el actual presidente, mientras, a su juicio, no se habría aplicado el mismo nivel de exigencia ante otros escándalos políticos.
“Pero hay algo que llama poderosamente la atención. Hay un sector de la política que guarda silencio frente a los graves escándalos que hay de corrupción, narcotráfico, incluso presuntos abusos sexuales, también irresponsabilidad fiscal y posibles vínculos con organizaciones criminales que rodearon al anterior gobierno. ¿Dónde estaba ese mismo rigor para exigir explicaciones y responsabilidades?”, preguntó.
Con ese cuestionamiento, el ministro planteó que las exigencias de transparencia y rendición de cuentas deben aplicarse sin distinciones partidistas y no únicamente cuando las acusaciones involucran a integrantes del Gobierno actual.
Sin embargo, su pronunciamiento no se limitó a cuestionar las actuaciones de Cepeda. Cancino también defendió las denuncias que, según afirmó, ha presentado la administración de De La Espriella ante las autoridades competentes.
Gobierno asegura tener pruebas de sus denuncias
El jefe de la cartera de Justicia sostuvo que las denuncias formuladas por el Gobierno están respaldadas en elementos probatorios y aseguró que la administración está dispuesta a entregar la información disponible para que sea evaluada por los organismos correspondientes.
“Pero lo que sí debo decir es que, de este lado, las denuncias que se han presentado ante las autoridades competentes sí están respaldadas en pruebas. Y estamos dispuestos a presentar todo lo que se tiene”, afirmó.
Entre los elementos que mencionó están videos, fotografías, documentos, informes periciales y auditorías, materiales que, según explicó, respaldarían los hechos denunciados por el Ejecutivo.
Cancino aseguró que el Gobierno no se quedará en insinuaciones y que pondrá esa información a disposición de las autoridades para que se adelanten las investigaciones y se establezcan las responsabilidades a que haya lugar.
“No vamos a quedarnos sin insinuaciones. Pondremos esta información, como ya se ha hecho en muchos casos, en conocimiento de las autoridades competentes para que se investigue y, dentro del debido proceso y el derecho de defensa, se establezcan las responsabilidades correspondientes”, indicó.
El ministro añadió que las eventuales responsabilidades deben examinarse tanto en el ámbito penal como en el disciplinario y fiscal. En ese sentido, mencionó la necesidad de investigar no solo a quienes pudieran haber ejecutado conductas irregulares, sino también a quienes presuntamente las hubieran facilitado o encubierto.
“Este gobierno sí ha presentado denuncias serias y sustentadas”, insistió.
En la parte final de su intervención, el funcionario reiteró que el Gobierno no teme a las investigaciones judiciales y que, por el contrario, respalda la actuación de las autoridades. No obstante, advirtió que las denuncias deben formularse con sustento y respetar las garantías constitucionales de las personas involucradas.
“Este gobierno no le teme al control político, no le teme a la justicia, le tiene respeto, la busca, lo que exigimos, demandamos es que las acusaciones estén sustentadas, que se respete, como nosotros lo hemos hecho, la presunción de inocencia y que el mismo rigor se aplique a todos sin importar la afiliación política”, manifestó.
Cancino defendió el cumplimiento de la Constitución, la ley y la jurisprudencia como principios que deben estar por encima de las diferencias entre partidos políticos.
“El apego a la ley, a la Constitución, a la jurisprudencia no tiene color político”, afirmó, al insistir en que el país debe conocer la verdad sobre los hechos denunciados, sin que las investigaciones se limiten a las acusaciones que favorezcan o perjudiquen a determinado sector.
En esa misma línea, invitó a la oposición a presentar ante las autoridades todos los señalamientos que considere pertinentes, siempre que estén acompañados de evidencias que permitan su verificación.
“Bienvenidas todas las denuncias, presenten absolutamente todas las que se les ocurran, eso sí, con pruebas, con evidencias, con respaldo probatorio”, expresó.
El ministro también advirtió sobre el riesgo de que la administración de justicia sea utilizada para promover acusaciones que, en su opinión, carezcan de sustento y busquen generar réditos políticos.
“No se contamine la justicia, la administración de justicia solamente con temas inflados, sin sustento y solamente con un criterio de buscar más popularidad o aplausos de la tribuna”, señaló.
Finalmente, Cancino pidió que las autoridades garanticen el debido proceso, el derecho de defensa y resultados oportunos frente a las denuncias que reciban.
“¿Qué se le pide a la justicia? Debido proceso, derecho de defensa y resultados rápidos”, concluyó.
Las denuncias anunciadas por Cepeda
El pronunciamiento de Cancino se produjo después de que Cepeda anunciara una denuncia contra De La Espriella ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes por el presunto delito de concierto para delinquir, además de solicitar que se investiguen otras posibles conductas relacionadas con negocios, bienes y actuaciones administrativas.
El senador sustentó sus señalamientos en documentos empresariales, registros inmobiliarios, escrituras públicas y decisiones judiciales que, según su exposición, ameritan revisar posibles vínculos entre capitales relacionados con personas condenadas por narcotráfico y paramilitarismo, operaciones comerciales y predios rurales.
Cepeda también anunció acciones ante la Fiscalía contra el ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, por presuntos delitos relacionados con decisiones sobre tierras, posibles conflictos de interés y actuaciones que, según el congresista, afectarían al campesinado.
Las denuncias anunciadas por el senador deberán ser presentadas y evaluadas por las autoridades competentes. Los señalamientos expuestos durante el debate no constituyen por sí mismos una declaración judicial de responsabilidad, así como las afirmaciones de Cancino sobre la falta de sustento de las acusaciones tampoco sustituyen la valoración que corresponda realizar a los organismos investigadores.
