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A través de un video grabado con cámara oculta, se evidenció la comercialización de información sensible de miles de ciudadanos, incluidos pensionados y empresarios, en espacios públicos. El material muestra cómo estos datos personales son ofrecidos abiertamente, lo que podría convertirlos en un insumo para redes de extorsión que operan en la capital.
En la grabación se observa a un vendedor ofreciendo una base de datos con 18.800 pensionados por un valor de 200.000 pesos. Asimismo, se menciona otra base con 24.850 registros empresariales, comercializada por 100.000 pesos.
Según lo evidenciado, estas listas incluirían información como nombres completos, números de celular, cédulas y datos relacionados con actividades empresariales. La situación expone la existencia de un mercado clandestino en el que la información personal es objeto de comercialización.
El concejal Julián Espinosa advirtió en La FM sobre este fenómeno y señaló que en Bogotá existe un mercado de bases de datos donde se venden datos personales de ciudadanos, lo que, según indicó, podría facilitar delitos como la extorsión.
¿Cómo operaría la venta ilegal de bases de datos en Bogotá?
Espinosa afirmó que en el sector de Unilago “se comercializa a ojos de todo el mundo bases de datos de personas”, incluyendo información de profesores, pensionados y empresarios. Según indicó, los vendedores ofrecen distintos tipos de información dependiendo de la solicitud del comprador.
El concejal señaló que “le tengo cualquiera, le tengo la de pensionados, la de empresarios”, es la forma en la que, según el material recopilado, los vendedores promocionan estos datos. Añadió que esta práctica “lleva muchos años haciéndose” y que no se había hecho pública previamente.
De acuerdo con su testimonio, estas bases incluyen información como nombres, cédulas, teléfonos, direcciones, correos electrónicos y otros datos personales. “Pueden conseguir prácticamente cualquier información”, afirmó, al advertir que esto implica una violación a la intimidad.
Espinosa explicó que estas ofertas se realizan en espacios abiertos, donde también se comercializan productos ilegales. “Se paran ahí en la esquina y ofertan cosas ilegales como si no pasara nada”, indicó, al referirse a la forma en que operaría este mercado.
El concejal aseguró que no se conoce el origen de la información, pero insistió en que “tiene que investigar la Fiscalía” para determinar si existen filtraciones desde entidades o mecanismos ilegales de obtención de datos.
¿Qué relación tienen estas bases de datos con la extorsión?
El concejal relacionó directamente la venta de bases de datos con el incremento de la extorsión telefónica. Indicó que “de 441 extorsiones, el 49% fueron telefónicas” en los primeros meses del año, lo que evidencia el uso de información personal en este delito.
Según explicó, contar con datos detallados permite a los delincuentes realizar llamadas más creíbles. “Saben que usted tiene una cuenta en un banco”, señaló, al indicar que esto aumenta la posibilidad de que las víctimas confíen en la comunicación.
También advirtió sobre la vulnerabilidad de ciertos grupos. “Una persona entre 70 y 80 años es más propensa a contestar una llamada”, dijo, al referirse a los adultos mayores, quienes, según señaló, son más afectados por estas modalidades.
El concejal afirmó que esta situación “facilita y acrecienta los casos de extorsión”, debido a la facilidad con la que se accede a los datos. En ese sentido, señaló que romper esta cadena se vuelve más complejo si la información está disponible en el mercado ilegal.
Además, indicó que existe una estructura organizada detrás de esta actividad. “Esto no es un lobo solitario, es una red”, afirmó, al explicar que se trata de una cadena que incluye obtención, comercialización y uso de los datos en actividades delictivas.
Espinosa también mencionó que “el 40% de las extorsiones salen de las cárceles”, lo que, según explicó, implica que estas bases de datos llegan a centros donde operan esquemas de llamadas. “Alguien les tiene que llevar las bases de datos”, agregó.
Así mismo, reiteró que la situación requiere acciones institucionales. “Es muy importante que se adelante una investigación”, afirmó, al insistir en la necesidad de intervenir la comercialización ilegal y prevenir que continúe la circulación de datos personales en el mercado.
*Este contenido fue escrito y producido por una inteligencia artificial bajo supervisión y curaduría de un periodista de La FM
