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El Tribunal Administrativo de Antioquia tomó medidas contra varios ministros y funcionarios del Gobierno debido a la crisis que atraviesa el sector salud, principalmente por la situación financiera y las deudas de las EPS.
En el texto se reseña que el proceso va dirigido contra el ministro de Hacienda, Germán Ávila Plazas; el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo; el superintendente de Salud, Bernardo Camacho, entre otros funcionarios responsables de entidades como Nueva EPS, ADRES, Savia Salud, Coosalud y EPS Sanitas.
Tras conocerse el anuncio judicial, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, recordó que la deuda del sistema asciende a cerca de 33 billones de pesos en Colombia, de los cuales alrededor de 8 billones corresponden a Antioquia, una situación que, según dijo, pone en riesgo la sostenibilidad de hospitales y clínicas.
El funcionario detalló que solo el Hospital General de Medellín enfrenta deudas superiores a 270.000 millones de pesos por parte de EPS intervenidas. De ese monto, cerca de 190.000 millones corresponden a Savia Salud, 22.900 millones a la ADRES y 48.000 millones a la Nueva EPS.
“Es una situación insostenible para la operación del sistema”, advirtió el mandatario antioqueño, al tiempo que expuso la presión que enfrentan los servicios de urgencias en la ciudad.
Actualmente, la ocupación en urgencias supera el 150 %, con niveles críticos como el 191 % en el Hospital La María, 163 % en el Hospital Infantil Concejo de Medellín (Incodol) y más del 150 % en instituciones de alta complejidad como el Hospital San Vicente Fundación y el Hospital Pablo Tobón Uribe.
La red hospitalaria también presenta saturación en observación, con más de 100 pacientes en el Hospital General de Medellín, 83 en el Pablo Tobón Uribe, 55 en La María y 41 en el San Vicente Fundación.
“El Tribunal nos vuelve a dar la razón. Ayer interpusimos una solicitud urgente de desacato y hoy ya fue admitida contra el ministro de Salud, el ministro de Hacienda, el director de la ADRES y los interventores nombrados por el Gobierno”, afirmó Federico Gutiérrez.
El alcalde explicó que esta decisión se da gracias a la acción judicial promovida por la Alcaldía, mediante la cual se busca obligar al Gobierno nacional y a las EPS intervenidas a pagar las deudas con la red hospitalaria.
Asimismo, indicó que los implicados tienen un plazo de tres días para responder al requerimiento del Tribunal. De no hacerlo, podrían enfrentar sanciones que incluyen multas de hasta 50 salarios mínimos legales vigentes e incluso penas de arresto de hasta seis meses.
Pese al panorama crítico, el mandatario aseguró que esta decisión judicial representa una luz de esperanza para enfrentar la crisis del sistema de salud en Medellín, que hoy mantiene desbordada la red hospitalaria de la ciudad.
