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La empresa UNE EPM Telecomunicaciones, propietaria de Colombia Móvil (conocida como Tigo) le pidió a la ministra de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), Sylvia Constaín, que se ciña a las reglas de la subasta del espectro y obligue a la empresa Partners a cumplir con la oferta que firmó el pasado 20 de diciembre, cuando se le asignaron 50 MHz de espectro en las bandas de 700 y 2500 MHz.
En un documento, conocido por LA FM, Álvaro Guillermo Rendón, gerente general de EPM, aseguró que si el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones no obliga a Partners a cumplir con su oferta, declarando el incumplimiento de la misma o no ejecuta la garantía de seriedad de la oferta, pondría en juego la institucionalidad del país.
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La misiva señala que, de no tomarse ninguna medida, "haría que los operadores y el mercado nacional e internacional perdieran la confianza en el sistema colombiano, además de dejar un precedente de que cualquier operador podría incumplir sus obligaciones sin ninguna consecuencia".
Igualmente Álvaro Guillermo Rendón advierte que este hecho "generaría un inconveniente de percepción de inestabilidad jurídica en el sector de las telecomunicaciones" y recuerda que durante la subasta del espectro, el mecanismo utilizado proponía otorgar un derecho sobre el bien subastado al oferente que propusiera el mejor precio.
Por esa razón, considera que "nadie, mucho menos el Ministerio, puede asumir que un precio alto en una subasta sea fruto de un error, especialmente si las reglas de la subasta eran claras y el oferente reiteró e incluso incrementó el valor de su oferta y luego firmo el acta ratificándola".
El directivo también recordó que la oferta presentada por Partners, durante la subasta, es vinculante e irrevocable y "por lo tanto, aceptar la solicitud tipificaría un incumplimiento a las reglas de la subasta, por parte del Ministerio, y si Partners insiste en la renuncia el Ministerio debe declarar el incumplimiento y hacer efectiva la garantía de seriedad de la oferta".
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La carta, radicada el pasado 29 de enero en las oficinas del Ministerio de las TIC, se conoce luego que la Procuraduría General oficializara esta semana la petición de suspender el uso del espectro radioeléctrico a nivel nacional.
La solicitud hace parte de una investigación disciplinaria contra el director de Industria de Comunicaciones del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Jorge Guillermo Barrera Medina.
Según indicó la Procuraduría, se debe constatar cuál es la cuantía que obtendría el Estado colombiano producto de la subasta realizada el 20 de diciembre de 2019.
También se debe constatar si la firma Partners, “a la que se le adjudicó un bloque en la banda de 2.500MHz, “cumplió con las condiciones de objetividad y transparencia a la hora de participar en la adjudicación del contrato.
