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Este jueves 3 de septiembre inició en el Centro Administrativo La Alpujarra, en Medellín, la Audiencia de Observaciones de Víctimas de la Fase II del Subcaso Antioquia del Caso 08 de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), en la que se analizan los hechos de violencia ocurridos en Ituango entre 1996 y 1998.
La investigación busca esclarecer si integrantes de la Fuerza Pública y terceros civiles tuvieron algún tipo de participación, colaboración u omisión frente a los crímenes cometidos por estructuras paramilitares en este municipio del norte de Antioquia.
De acuerdo con la JEP, durante ese periodo se registraron al menos 111 homicidios, 41 desapariciones forzadas y 24 hechos de violencia basada en género atribuidos a grupos paramilitares. La Sala también documentó tres masacres ocurridas en territorio de Ituango: La Granja, el 11 de junio de 1996; El Aro, entre el 23 y el 27 de octubre de 1997; y Padillo, el 15 de noviembre de 1997. Amparo Areiza es una víctima acreditada ante la JEP y describió lo vivido en la masacre de El Aro.
“Hablé con mi papá y le dije papá, hay muchas versiones en Ituango que va a haber una incursión y que usted está en el listado. Que estaba él, estaba Modesto, estaba Omar Iván. ¿Cuál era el pecado de esas tres personas? Mi papá tener una tienda, ser servicial con la comunidad, con todo el que necesitaba y le ayudaba. Omar Iván tener, estar en el desembarcadero de las canoas y Modesto ser un excelente líder comunitario”, dijo.
Investigación sobre los hechos de violencia
La audiencia que comenzó este jueves hace parte de una investigación que ya ha permitido practicar 45 testimonios y 29 versiones voluntarias. Esta información es contrastada con informes de las víctimas, evidencias recolectadas mediante inspecciones judiciales y elementos relacionados con el proceso adelantado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por las masacres de Ituango.
Uno de los principales puntos que analiza la JEP es cómo las estructuras paramilitares pudieron ingresar, permanecer durante varios días y cometer crímenes en diferentes sectores de Ituango para posteriormente movilizarse por zonas donde existía presencia militar y policial.
La Sala también identificó 12 operaciones del Ejército que presentan posibles irregularidades en su planeación, ejecución o certificación y que tuvieron como resultado el homicidio de personas protegidas. La investigación busca establecer si integrantes de grupos paramilitares pudieron cumplir funciones de guías, informantes, señaladores o enlaces territoriales para unidades militares.
Posibles vínculos y estigmatización
Otro de los aspectos examinados es la posible estigmatización de habitantes de Ituango como supuestos colaboradores, milicianos o simpatizantes de las FARC-EP, situación que habría derivado en homicidios, desapariciones, amenazas, torturas y otras agresiones contra la población civil.
La investigación también aborda el asesinato del defensor de derechos humanos Jesús María Valle Jaramillo, ocurrido en Medellín el 27 de febrero de 1998, después de que denunciara los hechos de violencia cometidos en Ituango y la posible convivencia entre integrantes de la Fuerza Pública y grupos paramilitares.
JEP busca establecer responsabilidades
Con esta fase, la JEP busca determinar si existieron acciones u omisiones jurídicamente relevantes por parte de agentes estatales y terceros civiles y establecer las responsabilidades individuales que correspondan por los hechos ocurridos en Ituango.
Este caso en cinco preguntas
¿Qué audiencia comenzó este jueves en Medellín?
Este jueves 3 de septiembre comenzó en el Centro Administrativo La Alpujarra, en Medellín, la Audiencia de Observaciones de Víctimas de la Fase II del Subcaso Antioquia del Caso 08 de la JEP. En esta diligencia se analizan los hechos de violencia ocurridos en Ituango entre 1996 y 1998. La audiencia hace parte de una investigación que busca esclarecer las circunstancias en las que se produjeron los crímenes y determinar las posibles responsabilidades de integrantes de la Fuerza Pública y terceros civiles.
¿Qué hechos de violencia documentó la JEP en Ituango entre 1996 y 1998?
De acuerdo con la JEP, durante ese periodo se registraron al menos 111 homicidios, 41 desapariciones forzadas y 24 hechos de violencia basada en género atribuidos a grupos paramilitares. Además, la Sala documentó tres masacres ocurridas en territorio de Ituango: La Granja, El Aro y Padillo. La investigación busca establecer no solo las circunstancias de estos hechos, sino también las posibles acciones, colaboraciones u omisiones que pudieron presentarse alrededor de los crímenes.
¿Qué está investigando la JEP sobre la posible participación de integrantes de la Fuerza Pública?
Uno de los principales aspectos que analiza la JEP es cómo las estructuras paramilitares pudieron ingresar a Ituango, permanecer durante varios días y posteriormente movilizarse por zonas donde existía presencia militar y policial. La Sala identificó 12 operaciones del Ejército que presentan posibles irregularidades en su planeación, ejecución o certificación y que tuvieron como resultado el homicidio de personas protegidas. Por eso, la investigación busca establecer si integrantes de grupos paramilitares pudieron desempeñar funciones de guías, informantes, señaladores o enlaces territoriales para unidades militares.
¿Qué papel tienen los testimonios y las versiones voluntarias dentro de esta investigación?
La investigación ya ha permitido practicar 45 testimonios y 29 versiones voluntarias, información que es contrastada con informes presentados por las víctimas, evidencias recolectadas durante inspecciones judiciales y otros elementos relacionados con el proceso adelantado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por las masacres de Ituango. Estos elementos permiten a la JEP reconstruir los hechos ocurridos en el territorio y confrontar diferentes versiones sobre lo sucedido. La información también hace parte del proceso para determinar posibles responsabilidades individuales.
¿Qué busca establecer finalmente la JEP con esta fase de investigación?
Con la Fase II del Subcaso Antioquia del Caso 08, la JEP busca determinar si existieron acciones u omisiones jurídicamente relevantes por parte de agentes estatales y terceros civiles frente a los hechos de violencia ocurridos en Ituango. La investigación también aborda la posible estigmatización de habitantes señalados como colaboradores o simpatizantes de las FARC-EP y el asesinato del defensor de derechos humanos Jesús María Valle Jaramillo, quien había denunciado la violencia en el municipio. A partir de los elementos recopilados, la jurisdicción busca establecer las responsabilidades individuales que correspondan por los hechos investigados.
