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La deuda del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG) con prestadores y proveedores de servicios y tecnologías en salud ascendió a $2,4 billones con corte a junio de 2026. De ese total, el 51 % de las obligaciones acumulaba más de 180 días de mora, una situación que mantiene la preocupación por el flujo de recursos y la atención de los docentes y sus beneficiarios.
Así lo informó la superintendente nacional de Salud, María Andrea Godoy, durante su intervención en el debate de la Comisión Séptima del Senado de la República sobre el funcionamiento del modelo de salud del magisterio.
La funcionaria aclaró que las cifras presentadas corresponden al cierre de junio de 2026, debido a que el FOMAG debe reportar información trimestral a la Superintendencia Nacional de Salud. Según explicó, la entidad se encontraba analizando los datos correspondientes al siguiente periodo de reporte.
El balance expuesto por Godoy evidenció dificultades en la contratación de la red de prestadores, el pago de las obligaciones, la dispensación de medicamentos, la respuesta a las quejas de los usuarios y el funcionamiento de los sistemas de información.
Supersalud adelanta ocho investigaciones administrativas
La superintendente informó que, entre 2024 y 2025, la entidad realizó siete auditorías al FOMAG: una de alcance nacional y seis relacionadas con sus regionales. Durante 2026 se efectuaron otras dos auditorías, una nacional y otra en Antioquia.
Entre los hallazgos identificados en las primeras auditorías, la entidad encontró presuntos incumplimientos de las disposiciones del Decreto 441 de 2022, relacionadas con la contratación de los servicios de salud.
También se detectaron dificultades para garantizar la prestación de los servicios médicos y la entrega oportuna de medicamentos, así como deficiencias en la respuesta a peticiones, quejas, reclamos y tutelas.
A estos problemas se sumaron pagos inoportunos, glosas que la Superintendencia calificó como injustificadas y limitaciones en los sistemas tecnológicos utilizados para respaldar los procesos operativos del modelo.
Con base en los resultados de las auditorías, la Supersalud adelanta actualmente ocho investigaciones administrativas para determinar si existen incumplimientos que ameriten sanciones.
Solo un contrato estaría legalizado, según el balance presentado
Uno de los aspectos que más preocupó a la funcionaria en el marco del debate, fue el estado de la contratación de los prestadores de servicios de salud.
Godoy señaló que, de acuerdo con la información expuesta durante el debate, solamente había un contrato legalizado. Aclaró que los porcentajes superiores mencionados en la discusión correspondían a instituciones prestadoras de servicios de salud (IPS) que contaban con actas, pero no necesariamente con contratos formalizados conforme a las exigencias normativas.
La funcionaria explicó que el Decreto 441 de 2022 establece requisitos contractuales relevantes para definir las obligaciones de los prestadores, los indicadores de resultados en salud y las metas de calidad que deben cumplir.
“Sin contratos debidamente formalizados, se dificulta establecer responsabilidades, medir resultados y hacer seguimiento efectivo a la calidad de los servicios”, dijo.
La situación también afecta la capacidad de evaluar si el modelo cumple sus objetivos de acceso, oportunidad y continuidad de la atención.
Auditoría de mayo de 2026 encontró 38 hallazgos
La Superintendencia también presentó los resultados de una auditoría nacional realizada en mayo de 2026. Según Godoy, en lugar de observarse una mejoría, persistían las dificultades y se identificaron 38 hallazgos relacionados con incumplimientos contractuales, financieros, de prestación de servicios, gestión del riesgo en salud y sistemas de información.
La funcionaria señaló que estos resultados reflejan la necesidad de corregir las deficiencias identificadas y fortalecer los mecanismos de seguimiento.
La entidad también revisa los indicadores utilizados para evaluar el funcionamiento del modelo. Godoy explicó que actualmente predominan indicadores de proceso, por lo que se trabaja en su modificación para dar mayor importancia a los resultados concretos en la atención de los pacientes.
En cuanto a los indicadores de acceso, oportunidad y continuidad, la superintendente indicó que no se están cumpliendo las metas definidas para los servicios de baja, mediana y alta complejidad.
Hallazgos fueron trasladados a la Contraloría, la Fiscalía y la Procuraduría
Además de las investigaciones administrativas, la Supersalud remitió a diferentes organismos de control hallazgos que podrían tener implicaciones fiscales, penales o disciplinarias.
De acuerdo con la información presentada por Godoy, los traslados fueron los siguientes:
- Contraloría General de la República: cuatro hallazgos con posible incidencia fiscal, relacionados con presuntos pagos duplicados y medicamentos pagados a precios superiores a los valores regulados.
- Fiscalía General de la Nación: dos hallazgos con posible incidencia penal, relacionados con anticipos entregados a terceros sin que se hubiera podido evidenciar una relación comercial o una prestación efectiva de los servicios.
- Procuraduría General de la Nación: tres hallazgos con posible incidencia disciplinaria, asociados con relaciones comerciales y prestación de servicios que presuntamente no cumplirían las normas de contratación.
- Superintendencia de Industria y Comercio: una alerta por una posible conducta de competencia desleal relacionada con el prestador Sumimedical.
La superintendente precisó que estos hallazgos fueron puestos en conocimiento de las autoridades competentes para que adelanten las actuaciones correspondientes.
Medida cautelar busca proteger a los pacientes y los recursos
Godoy recordó que la Superintendencia impuso una medida cautelar el 23 de septiembre de 2025, inicialmente por tres meses y posteriormente prorrogada por un año.
Según explicó, la medida busca que cesen las actuaciones que puedan poner en riesgo la vida y la integridad física de los pacientes, así como los recursos destinados a la prestación de los servicios de salud.
Las órdenes abarcan varios componentes del modelo.
En materia técnico-científica, incluyen aspectos relacionados con la contratación de prestadores y gestores de medicamentos. En el ámbito financiero, se enfocan en la conciliación de cuentas con los prestadores y el flujo adecuado de los recursos.
También contemplan mejoras en los sistemas de información ORUS y SWIN, con el propósito de que respalden integralmente la operación del modelo.
En el componente jurídico, las instrucciones comprenden el manejo de tutelas, el reporte de contratos y la entrega de actas de los consejos correspondientes.
La Superintendencia indicó que continúa haciendo seguimiento al cumplimiento de estas órdenes y a las barreras de acceso que enfrentan los usuarios.
Más de 4.000 quejas en agosto
Otro de los indicadores presentados durante el debate fue el número de peticiones, quejas y reclamos (PQR) relacionados con la atención en salud del magisterio.
Según Godoy, en agosto de 2026 se registraron 4.053 PQR. Aunque la cifra representó una disminución frente a julio, la funcionaria señaló que el promedio mensual se mantiene alrededor de las 4.000 quejas.
Este volumen de reclamaciones constituye una señal de alerta sobre las dificultades que pueden experimentar los usuarios para acceder a los servicios y obtener respuestas oportunas.
La funcionaria también destacó que las deficiencias en la gestión de las tutelas y los tiempos de respuesta fueron identificadas en las auditorías realizadas por la entidad.
Alertas por la gestión de medicamentos
En materia farmacéutica, la superintendente informó que el gasto del FOMAG en medicamentos durante 2025 ascendió a $428.000 millones.
Según los datos presentados, el modelo contaba con 14 gestores farmacéuticos. Sin embargo, algunos no estaban reportando la información requerida, por lo que también quedaron sujetos a las actuaciones de inspección y vigilancia de la Superintendencia.
La situación se suma a los hallazgos relacionados con la entrega inoportuna de medicamentos y los presuntos pagos por encima de los valores regulados, asuntos que fueron trasladados a las autoridades competentes cuando correspondía.
Claves del tema en cuatro preguntas
¿A cuánto asciende la deuda del FOMAG con los prestadores y proveedores de servicios de salud?
Según la superintendente nacional de Salud, María Andrea Godoy, la deuda del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG) llegó a $2,4 billones con corte a junio de 2026. Además, el 51 % de las obligaciones acumulaba más de 180 días de mora, lo que genera preocupación por el flujo de recursos y la prestación de los servicios de salud.
¿Cuáles fueron los principales hallazgos de las auditorías realizadas al FOMAG?
La Superintendencia Nacional de Salud identificó fallas en la contratación de prestadores, pagos inoportunos, presuntas glosas injustificadas, dificultades en la entrega de medicamentos y deficiencias en los sistemas de información. En una auditoría nacional realizada en mayo de 2026 se reportaron 38 hallazgos relacionados con incumplimientos contractuales, financieros y operativos, entre otros aspectos.
¿Qué medidas ha adoptado la Superintendencia Nacional de Salud frente a las irregularidades detectadas?
La entidad adelanta ocho investigaciones administrativas para determinar si procede imponer sanciones. También trasladó cuatro hallazgos a la Contraloría por posibles irregularidades fiscales, dos a la Fiscalía por posibles implicaciones penales y tres a la Procuraduría por presuntas faltas disciplinarias. Adicionalmente, impuso una medida cautelar para proteger a los pacientes y los recursos destinados a la atención en salud.
¿Cuántas quejas se registraron en agosto de 2026 y qué problemas persisten en la atención?
Durante agosto de 2026 se registraron 4.053 peticiones, quejas y reclamos (PQR) relacionados con la atención en salud del magisterio. Aunque hubo una disminución frente a julio, el promedio mensual se mantiene alrededor de las 4.000 quejas. Entre los problemas persisten las dificultades de acceso a los servicios, las demoras en la atención, la entrega inoportuna de medicamentos y las deficiencias en la respuesta a las reclamaciones de los usuarios.
