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Con la mirada puesta en las elecciones legislativas y presidenciales de 2026, la Fiscalía General de la Nación activó un plan especial para vigilar y judicializar posibles irregularidades que se puedan presentar.
La estrategia está en la Resolución 0047 de febrero de 2026, que fija la hoja de ruta para actuar frente a los delitos que puedan presentarse en los comicios al Congreso y en las consultas interpartidistas del 8 de marzo, así como en la elección presidencial del 31 de mayo.
El objetivo, según explicó la entidad, es tener capacidad de reaccionar antes, durante y después de las votaciones. La idea es que cualquier hecho que pueda poner en riesgo la transparencia del proceso democrático sea atendido de manera rápida.
Para las fechas clave, como 8 de marzo y 31 de mayo, la Fiscalía instalará puntos donde se podrán interponer denuncias en zonas donde pueda haber alta presencia de votantes y en lugares donde no se cuenta con sedes físicas.
Este trabajo se realizará en coordinación con la Unidad de Recepción Inmediata para la Transparencia Electoral (Uriel) del Ministerio del Interior, con el fin de facilitar que los ciudadanos reporten posibles anomalías sin obstáculos.
¿Qué son los delitos electorales y quiénes pueden cometerlos?
Los delitos electorales afectan la libertad del voto y la transparencia de los resultados. Pueden ser cometidos por candidatos, ciudadanos e incluso servidores públicos, siempre que sus acciones vulneren las reglas que garantizan elecciones limpias.
En el caso de los candidatos, caen en el delito si presionan o engañan a los votantes para obtener apoyo, si manipulan electores a favor propio o de terceros, si financian campañas con recursos que son de origen ilícito o con dineros públicos, o superan los topes de gastos permitidos.
Los ciudadanos tampoco están por fuera de esta responsabilidad. Se considera delito impedir que la jornada electoral o los escrutinios se lleven a cabo con normalidad, si se traslada personas para que inscriban su cédula en un municipio diferente al de su residencia real, suplantar votantes o utilizar documentos falsos para sufragar. También es sancionable obstaculizar la labor de los jurados o amenazar a un candidato.
En cuanto a los servidores públicos, la norma es clara y es que no pueden usar su cargo para influir en el proceso. Es delito negar la inscripción de una cédula en el lugar de residencia electoral sin justificación, presionar a votantes, participar en fraudes o alterar resultados. Igualmente, está prohibido utilizar bienes del Estado o recursos públicos para favorecer campañas políticas.
Paso a paso: cómo denunciar un delito electoral
Si un ciudadano presencia o tiene conocimiento de una posible irregularidad, puede seguir estos pasos para presentar la denuncia:
- Identifique claramente el hecho: tenga presentes datos como el lugar, la fecha, las personas involucradas y una descripción concreta de lo ocurrido.
- Reúna, si es posible, soportes o evidencias que respalden la información (fotografías, videos o testimonios).
- Ingrese al micrositio habilitado en la página oficial de la Fiscalía, donde encontrará orientación sobre delitos frecuentes, mapa de riesgo electoral y canales disponibles.
- Comuníquese a través de las líneas gratuitas nacionales: 01 8000 9197 48 o 122.
- Suministre la información de manera clara y completa para facilitar la verificación por parte de las autoridades.
