Hija denuncia presunto fraude en sustitución pensional otorgada por Colpensiones a expareja de su madre

Alejandra Marroquín, cuidó durante 12 años a su madre, quien padecía esclerosis múltiple, y cuestiona que la entidad haya reconocido la pensión de sobrevivientes al excompañero permanente de la fallecida. El hombre rechaza las acusaciones y sostiene que convivió con ella durante más de cuatro décadas y que nunca dejó de apoyarla.
Auxilio funerario Colpensiones
Para ser beneficiario de un bono pensional en Colombia, es necesario cumplir ciertos requisitos. Crédito: Colpensiones/ Camila Díaz-RCN Radio

Una disputa por el reconocimiento de una sustitución pensional llegó a manos de la Fiscalía, la Corte Constitucional y Colpensiones. Alejandra Marroquín, hija de la fallecida Carmen Rosa Ariza Arce, denunció un presunto fraude procesal luego de que la entidad reconociera la pensión de sobrevivientes a Álvaro Alfonso Cataño Gallego, excompañero de su madre.

La controversia surgió tras el fallecimiento de Carmen Rosa Ariza, ocurrido el 15 de septiembre de 2025. Según Marroquín, desde octubre del mismo año inició el trámite ante Colpensiones para solicitar el reconocimiento de la sustitución pensional como representante legal de su hijo menor de edad, argumentando que ambos dependían económicamente de la pensión que recibía su madre.

Sin embargo, ocho meses después, recibió una comunicación en la que Colpensiones le informó que su hijo no cumplía los requisitos para acceder al beneficio, debido a que no existía un reconocimiento legal como hijo de crianza. En ese mismo documento, asegura, conoció que mediante una resolución expedida el 17 de junio de 2026 la entidad había otorgado la pensión de sobrevivientes a Álvaro Alfonso Cataño.

Doce años dedicada al cuidado de su madre

Alejandra Marroquín relata que desde 2014 asumió completamente el cuidado de su madre, quien padecía esclerosis múltiple, enfermedad que progresivamente limitó su movilidad hasta volverla totalmente dependiente.

“Para dedicarme completamente al cuidado de mi madre tuve que dejar de trabajar porque su estado de salud se deterioraba y necesitaba una persona constante que pudiera atenderla mientras ella estaba en sus tratamientos, con sus medicamentos y las visitas al médico”, manifestó.

Según su versión, el entonces compañero permanente decidió abandonar el hogar hace once años, momento desde el cual ella se convirtió en la única cuidadora.

La mujer sostiene que, debido al deterioro de salud de su mamá, teniendo todas sus facultades revocó un poder que previamente había otorgado a Álvaro Cataño y lo transfirió a su hija mediante escritura pública para que pudiera administrar sus asuntos.

Marroquín también asegura que durante el tiempo en que el hombre tuvo ese poder realizó actuaciones que terminaron afectando el patrimonio de su madre.

Además, explica que posteriormente un familiar del excompañero de su madre demandó a Carmen Rosa Ariza por una presunta deuda de 30 millones de pesos, proceso judicial que terminó con el embargo del apartamento.

Cuestionamientos al proceso adelantado por Colpensiones

La principal inconformidad de Alejandra Marroquín está relacionada con el procedimiento adelantado por Colpensiones para reconocer la pensión.

Según afirma, nunca fue notificada de que existía otra persona reclamando el mismo derecho, pese a que, asegura, la entidad tenía la obligación de informar para permitir que todos los interesados ejercieran su derecho de contradicción.

También cuestiona que, en su concepto, la resolución a favor del excompañero de su madre se hubiera expedido en un tiempo considerablemente corto, mientras su proceso continúa sin una decisión definitiva.

Ser escuchada

Por ello solicitó que se suspenda el pago de la pensión de sobrevivientes mientras las autoridades investigan las circunstancias en las que fue reconocida.

"No estoy pidiendo que me entreguen arbitrariamente la pensión. Lo que quiero es que se investigue si realmente esta persona cumplía los requisitos legales y que mi versión sea escuchada", sostiene.

La mujer indicó además que interpuso acciones judiciales y que una tutela relacionada con su caso fue seleccionada por la Corte Constitucional para revisión.

También denuncia demoras en el pago de gastos funerarios

Marroquín manifestó que desde hace varios meses también intenta obtener el reembolso de los gastos funerarios de su madre.

Asegura que ha presentado en repetidas oportunidades las facturas y documentos exigidos por Colpensiones, pero denuncia que la entidad ha solicitado nuevamente soportes ya radicados o ha indicado que hacen falta documentos que, según ella, ya fueron entregados.

Incluso afirma que recientemente acudió a una oficina de Colpensiones para presentar nuevamente la documentación, pero no pudo hacerlo porque, según le informaron, el sistema se encontraba fuera de servicio.

La respuesta de Álvaro Alfonso Cataño

Consultado por la FM sobre las denuncias, Álvaro Alfonso Cataño negó haber abandonado a Carmen Rosa Ariza y aseguró que convivió con ella durante más de 40 años.

Según su versión, fue Alejandra Marroquín quien lo obligó a salir del apartamento cuando la enfermedad de su compañera se agravó.

El hombre afirma que, aunque dejó de vivir en la vivienda, continuó pendiente de Carmen Rosa Ariza, enviándole dinero y ayudas a través de familiares y manteniendo contacto con personas cercanas.

Asimismo, sostiene que durante los años en que convivieron fue quien la acompañó a citas médicas, hospitalizaciones y tratamientos relacionados con la esclerosis múltiple.

Frente al reconocimiento de la pensión, aseguró que presentó ante Colpensiones las pruebas y testigos que respaldaban su convivencia con la fallecida y afirmó tener la conciencia tranquila.

También indicó que será la Fiscalía la encargada de esclarecer los hechos y manifestó que aportará los testimonios y documentos que considere pertinentes dentro de la investigación.

¿Qué exige la ley para acceder a la pensión de sobrevivientes?

El abogado Óscar Llorente explicó que el reconocimiento de una pensión de sobrevivientes para el cónyuge o compañero permanente está regulado por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003, que modificó el artículo 47 de la Ley 100 de 1993.

De acuerdo con esa norma, el beneficiario debe acreditar que hizo vida marital con la persona fallecida y que convivió con ella durante los cinco años continuos anteriores a su muerte.

El jurista señaló que este requisito ha sido reiterado por la Corte Constitucional, especialmente en la Sentencia SU-149 de 2021, y por la Corte Suprema de Justicia, entre ellas la sentencia SL3507 de 2024, decisiones que buscan evitar fraudes al sistema pensional mediante reclamaciones de personas que no convivían efectivamente con el pensionado al momento de su fallecimiento.

Según explicó, las altas cortes han precisado que no basta con haber tenido una relación sentimental en el pasado o haber conformado una unión marital de hecho, sino que debe demostrarse una convivencia real, permanente y efectiva durante los cinco años inmediatamente anteriores al fallecimiento.

Un caso que también plantea el reconocimiento del trabajo de cuidado

Además del debate sobre quién tendría derecho a la sustitución pensional, el caso también podría abrir una discusión sobre el reconocimiento jurídico de quienes ejercen labores de cuidado familiar.

El abogado indicó que la tutela presentada por Alejandra Marroquín fue seleccionada por la Corte Constitucional, un trámite excepcional que podría servir para fijar criterios sobre la protección de los cuidadores familiares dentro del sistema pensional.

Aunque aclaró que esa selección no significa que el alto tribunal vaya a ordenar el reconocimiento de la pensión, sí representa la posibilidad de establecer precedentes frente a un tema que todavía cuenta con escasa jurisprudencia en Colombia.

Mientras avanzan las investigaciones penales y administrativas, Alejandra Marroquín insiste en que Colpensiones suspenda el pago de la sustitución pensional hasta que se esclarezca si el beneficiario cumplía o no con los requisitos legales exigidos para acceder a ese derecho.

Por su parte, Álvaro Alfonso Cataño sostiene que actuó conforme a la ley y confía en que las autoridades ratificarán la legalidad del reconocimiento otorgado por la entidad.

Colpensiones por su parte afirmó que tras conocer el caso afirmó que empezará a escalar para que se adelanten las respectivas investigaciones de este caso.

Claves del tema en cuatro preguntas

¿Por qué Alejandra Marroquín denunció un presunto fraude en la sustitución pensional de su madre?

Porque asegura que Colpensiones reconoció la pensión de sobrevivientes al excompañero permanente de su madre, Álvaro Alfonso Cataño Gallego, pese a que, según ella, él abandonó a Carmen Rosa Ariza hace 11 años, no convivió con ella durante sus últimos años de vida ni fue su cuidador. Además, afirma que nunca fue notificada de que existía otra reclamación sobre la pensión.

¿Cuál es la versión de Álvaro Alfonso Cataño frente a las acusaciones en su contra?

Álvaro Alfonso Cataño negó haber abandonado a Carmen Rosa Ariza y aseguró que convivió con ella durante más de 40 años. Afirmó que fue Alejandra quien lo sacó del apartamento, pero que continuó pendiente de su expareja, enviándole ayuda económica y acompañándola a través de familiares y personas cercanas. También sostuvo que presentó pruebas y testigos ante Colpensiones para demostrar su derecho a la pensión.

¿Qué requisitos establece la ley para acceder a una pensión de sobrevivientes como compañero permanente?

De acuerdo con el artículo 13 de la Ley 797 de 2003, el compañero o compañera permanente debe demostrar que hizo vida marital con la persona fallecida y que convivió con ella durante los cinco años continuos anteriores a su muerte. Este criterio ha sido reiterado por la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia.

¿Qué solicita Alejandra Marroquín a Colpensiones y a las autoridades?

Solicita que se suspenda el pago de la sustitución pensional otorgada a Álvaro Alfonso Cataño mientras se investiga el caso, que se revise la actuación de los funcionarios de Colpensiones que aprobaron el reconocimiento y que las autoridades determinen si hubo un presunto fraude en el proceso de adjudicación de la pensión.




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