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La Ley 2568 de 2026 reforma la financiación de la educación superior pública, reemplazando el ajuste anual por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) por el Índice de Costos de la Educación Superior (ICES). Aunque el cambio busca reflejar de manera más precisa los gastos de laboratorios, docentes, investigación e infraestructura, algunos expertos advierten que todavía existen desafíos importantes.
Carlos Mario Lopera, fundador del Observatorio de la Universidad Colombiana, indicó que “no hay un modelo real, un cálculo real de cuánto es la necesidad efectiva y, sobre todo, cómo se debe gastar este dinero en la educación superior”.
Educación Pública
En 2025, según el Ministerio de Educación Nacional las universidades públicas acumularon un desfinanciamiento de COP 18 billones.
“Será positivo para las instituciones, especialmente para las técnicas y tecnológicas y universitaria públicas, que recibirán un poco más de dinero, así como las universidades públicas, que, en el fondo, no es mayor cosa con respecto a lo que se esperaba, también es poco con respecto a lo que demanda la educación superior”, dijo.
Carlos Mario Lopera resaltó que aún no existe un cálculo real de las necesidades efectivas ni de cómo se debería gastar el dinero en el sector, lo que puede generar que algunas prioridades queden desatendidas.
Recursos de la Educación
Por su parte, Lorenzo Portocarrero, director ejecutivo de Asociación Colombiana de Instituciones de Educación Superior, destacó los impactos positivos de la ley en cobertura pero solicitó al gobierno se tenga estos recursos destinados de manera oportuna para las instituciones.
“Naturalmente, solicitando al gobierno, que tenga los recursos destinados de manera oportuna para que las instituciones puedan planificar en su flujo de caja todas las actividades ordinarias, inversión que requieren para su funcionamiento”, señaló.
Cambio en el indicador
El presidente Gustavo Petro promulgó la reforma a los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992, que busca mejorar la financiación de las universidades públicas.
Desde 1992, los recursos de las universidades crecían según el IPC, un indicador que según el gobierno no reflejaba el costo real de sostener una institución de educación superior.
La nueva ley ajusta ese indicador y prevé incrementar la inversión hasta el 1 % del PIB. Sin embargo, desde las instituciones de educación se demanda que sea efectivo el mejoramiento.
No obstante, la implementación y la priorización de los recursos serán claves, según expertos, para superar los retos que aún persisten en el financiamiento público de la educación superior.
