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Asocapitales afirmó este viernes que la propuesta de zonificación ambiental del Ministerio de Ambiente, con aplicación en 385 municipios del país, plantea efectos directos sobre procesos de ordenamiento urbano y rural en varias ciudades capitales, entre ellas Bogotá, Cali, Medellín, Cúcuta, Pasto, Armenia, Manizales, Neiva, Montería y Riohacha.
El alcance nacional de la iniciativa amplía una metodología que fue concebida inicialmente para territorios rurales priorizados, lo que extiende su aplicación a zonas urbanas y metropolitanas con dinámicas diferentes.
La metodología busca implementar un Plan de Zonificación Ambiental a escala nacional, pese a que su diseño original respondía a contextos rurales específicos.
Esta ampliación introduce un nuevo marco de referencia territorial en municipios que ya cuentan con instrumentos de planificación urbana y ambiental en ejecución, lo que genera interacciones directas con procesos locales de ordenamiento.
La asociación afirma que la zonificación propuesta no se articula de forma explícita con los instrumentos legalmente vigentes, como los planes de ordenamiento territorial, los determinantes ambientales, los planes de ordenación y manejo de cuencas o los planes de manejo ambiental.
Aún así, el alcance práctico del instrumento incide en aspectos clave como la clasificación del suelo, la expansión urbana, la protección de ecosistemas y la definición de tratamientos urbanísticos.
El planteamiento introduce una cartografía que puede asumirse como referencia para decisiones territoriales, sin que se hayan surtido los procedimientos de diagnóstico, concertación y adopción previstos en la normativa.
Asocapitales afirma que esta situación genera una superposición de decisiones entre el nivel nacional y las competencias que corresponden a los municipios en materia de ordenamiento del territorio.
Competencias
Aunque el proyecto señala que la zonificación tiene carácter indicativo, dice Asocapitales que el proyecto de resolución le asigna funciones que inciden en la planificación territorial, como la identificación de áreas protegidas, la orientación de revisiones de los planes de ordenamiento, la definición de medidas de protección ambiental y el apoyo a procesos de planificación.
Estas funciones le otorgan efectos similares a los de un determinante ambiental, sin estar reconocido formalmente como tal.
La zonificación se desarrolla a una escala cartográfica de 1:100.000, un nivel que resulta limitado para la toma de decisiones urbanas detalladas.
Esta escala reduce la precisión necesaria para definir usos del suelo, procesos de densificación, bordes urbano-rurales y la localización de proyectos de infraestructura en contextos urbanos complejos.
Según la asociación el esquema no contempla mecanismos claros de articulación con las Corporaciones Autónomas Regionales, entidades encargadas de emitir los determinantes ambientales. La ausencia de esta coordinación introduce vacíos en la integración entre las decisiones ambientales y los procesos de ordenamiento territorial que se desarrollan en los municipios.
La inclusión de territorios estratégicos y áreas metropolitanas complejas amplía los riesgos de conflictos normativos y de competencias, especialmente en zonas donde confluyen múltiples autoridades y marcos regulatorios.
Asocapitales hace énfasis en que la falta de análisis específicos sobre estas áreas incrementa la incertidumbre frente a la aplicación de la zonificación en escenarios urbanos consolidados.
Entre los impactos que advierte la asociación se encuentran posibles afectaciones a decisiones sobre clasificación del suelo, expansión urbana y ejecución de proyectos estratégicos, así como condicionamientos sobre densificación, usos del suelo y desarrollo de infraestructura.
Estas implicaciones tendrían incidencia directa en proyectos urbanos en curso y en la planificación futura de las ciudades capitales.
