Primeras medidas penales por contrato de MinTIC serían contra quienes vendieron póliza falsa

El primer delito que se castigará será el fraude procesal.
Firma de contrato de trabajo
Se acaban los contratos por prestación de servicios: ¿Cuándo entra en vigor y que beneficios tiene? Crédito: Tomada de https://pixnio.com / Licencia: Libre de usar CC0

Los Secretos de Darcy en La FM anticipó las decisiones que tomará la Fiscalía General de la Nación en el marco de la investigación que se adelanta por el polémico contrato del Ministerio de las TIC para llevar internet a las escuelas apartadas del país.

Todo parece indicar que en los próximos días, quizás antes de que la ministra de las TIC Karen Abudinen se enfrente a la moción de censura en el Congreso, programada para este viernes 3 de septiembre, la Fiscalía tomará las primeras medidas penales en contra de quienes cometieron la falsedad en la garantía, lo que en materia penal se llama fraude procesal.

Las medidas cobijarían a quienes vendieron la garantía falsa, es decir contra los de Rave Seguros al representante legal de Centros Poblados, Luis Fernando Duque, que fue quien presentó esa falsa garantía en el contrato. Y en general serán acusados quienes falsificaron las firmas del Banco Itaú, si es que realmente son falsas, y a funcionarios que pudieron participar en el engaño.

Se conoció que ya la Fiscalía tiene a varios funcionarios colaborando y dando pistas sobre lo qué ocurrió y muy pronto se darán a conocer los primeros nombres de los responsables en este escándalo que tiene a la ministra Abudinen en la mira del Congreso.

El primer delito que se va a castigar es el de falsedad en la garantía y luego vienen otros delitos más.

Centros Poblados está en el ojo del huracán luego de que el Ministerio de las TIC desembolsara un anticipo por 70.000 millones de pesos, pero este dinero no estuviera respaldado porque era falsa la póliza que presentaron que daba la garantía.

La UT se ha defendido asegurando que fueron engañados por quienes les entregaron la póliza falsa y esto es lo que el ente acusador busca esclarecer, además de establecer responsabilidades disciplinarias porque nadie verificó la validez de esa garantía.


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