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No sólo Emilio Tapia, el delincuente condenado por el Carrusel de Contratación de Bogotá, está dispuesto a colaborar con la justicia en el escándalo del Ministerio de las TIC. También Luis Fernando Duque, el representante legal de la UT Centro Poblados, quiere prender el ventilador.
A Luis Fernando Duque lo tienen en la URI de la Fiscalía en un calabozo de 20 metros con 30 personas acusadas de homicidio y lesiones personales. Apenas vio a uno de los abogados, se puso a llorar. “Me agradeció la visita. Casi no podía hablar”, contó un abogado.
Duque se siente traicionado por quienes decían ser sus amigos como Juan Carlos Cáceres, dueño de la empresa Funtic de Norte de Santander. De hecho, Duque aceptó ser el representante de la UT por postulación de Cáceres, su amigo a quien califica hoy de mentiroso.
Dicen por ahí que no hay peor enemigo que un examigo. Por eso, ahora Duque dice tener muchas pruebas para desvirtuar lo que ha dicho Cáceres que está colaborando con la Fiscalía. Según él, tiene como probar que Cáceres sí tuvo que ver en la consecución de la garantía y tiene como probar que el giro plata para pagarla y que la garantía original la recogió directamente Cáceres y se la entregó a Luis Fernando.
