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El pasado 31 de mayo, el Tribunal Administrativo de Córdoba ordenó a la Superintendencia devolver todos los negocios y bienes, así como trasladar nuevamente los usuarios que se habían remitido a otras EPS, tras la decisión de liquidar a la EPS Manexka en mayo de este año.
La EPS indígena Manexka cuenta con más 210 mil afiliados en 18 municipios de Córdoba y Sucre. De acuerdo con Saul Lucas, gerente de la Asociación de Cabildos Manexka, cerca de 13 personas han fallecido en medio del proceso de liquidación, puesto que no han contado con la atención requerida.
Tras lo anterior, Jesús González abogado de los cabildos indígenas, anunció que acudirán a instancia internacionales y exigirán la intervención de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en este caso, argumentando el riesgo vital para los afiliados.
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