Autoridades investigan muerte de una mujer tras una cirugía plástica

La Secretaría de Salud del Tolima inició una investigación para esclarecer el fallecimiento de Magnolia Rivera Bernal, una mujer de 42 años de edad que falleció durante una cirugía estética.

El caso ocurrió en la IPS Promover SAS, ubicada en el barrio Cádiz de Ibagué. Bernal llegó del municipio de Flandes a la capital tolimense, para practicarse una dermolipectomía, también conocida como abdominoplastia, proceso que consiste en tensar la piel floja del abdomen y reparar los músculos debilitados de la pared abdominal.

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Sandra Liliana Torres, secretaria de Salud departamental, explicó que cuando se realizaba la intervención, la mujer sufrió un paro cardiorrespiratorio, lo que minutos más tarde le produjo la muerte.

“Ella ingresó al servicio de urgencias de la clínica Asotrauma, donde se le brinda la atención requerida para su cuadro clínico de paro cardiorrespiratorio, pero lastimosamente se confirma su deceso”, expresó Torres.

La funcionaria aseguró que se evidenció preliminarmente que el médico que practicó la cirugía no cuenta con los títulos necesarios realizar este tipo de procedimientos y el quirófano tampoco era apto para esta actividad.

“El profesional médico no aparece inscrito como profesional independiente o como representante legal de ningún prestador, así mismo, en el Registro Único de Talento Humano se verifica la información y se encuentra inscrito al Ministerio de Salud, pero como un médico general”, agregó.

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Torres manifestó además que, "para el momento del deceso de la mujer, la IPS Promover SAS no tenía habilitado el servicio de cirugía plástica y estética y el de cirugía general, ya que solo tenía habilitado el quirófano”.

Por su parte, dicha entidad emitió un comunicado, aclarando que "el quirófano de Promover SAS fue alquilado al médico (...) para la realización de pequeñas intervenciones, conforme a lo habilitado por nuestra organización ante la Secretaría de Salud del Tolima".

Una vez se cumpla la investigación, la autoridad podría aplicar sanciones al establecimiento y remitir el caso al Tribunal de Ética Médica.