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La plenaria del Senado inició la votación de la ley de procedimiento de la Jurisdicción Especial de Paz, cuyo trámite estaba frenado por cuenta de algunos reparos expresados por la bancada del Centro Democrático.
La corporación avanzó en la aprobación en bloque de aproximadamente 70 artículos, que corresponden a más del 90% de la iniciativa, los cuales tienen consenso entre todas las bancadas, incluyendo la del uribismo.
De igual forma, se acogieron alrededor de 27 proposiciones nuevas, 24 de ellas presentadas por la senadora Paloma Valencia, que mejoraron el proyecto y le otorga mayores garantías a las Fuerzas Militares y a las víctimas de la violencia.
Sin embargo, no hubo acuerdo en algunos puntos cruciales, como el sometimiento de los militares ante la JEP y nuevas exigencias frente al punto de la extradición.
La senadora Paloma Valencia aseguró que se deben limitar aún más las facultades de jurisdicción en materia de extradición y prescindirla de la posibilidad de decretar pruebas.
"Que las pruebas las practique la Corte Suprema de Justicia y que la JEP se limite a mirar los hechos para decir si la conducta se cometió después o antes de la firma del acuerdo de paz. Esto es fundamental para garantizar que las personas que incumplan los acuerdos y se mantengan en delitos como el narcotráfico, no reciban beneficios", señaló.
Sin embargo, el ministro del Interior, Guillermo Rivera, explicó que el acto legislativo que dio vida a la JEP, autorizó a la práctica de pruebas para determinar la fecha de comisión de la conducta por parte de los desmovilizados.
Explicó además que la Jurisdicción Especial de paz debe tener funciones similares a las de la Justicia Ordinaria. "La Jurisdicción Especial de Paz es una instancia judicial y no notarial, por eso no compartimos la idea de la senadora Paloma Valencia en el sentido de que a la jurisdicción no se le permita practicar pruebas", indicó Rivera.
El Gobierno también insistió en que es inconstitucional el artículo nuevo propuesto por el Centro Democrático que congelaría la comparecencia de los militares ante la JEP, mientras se crea una nueva sala para su juzgamiento.
