Violadores de niños serían excluidos de justicia transicional en futuros proceso de paz

La Comisión Primera de Senado aprobó en quinto debate el proyecto de acto legislativo que elimina cualquier tratamiento penal especial en la justicia transicional, para los delitos sexuales cometidos contra menores de edad.

Pese a las críticas de la oposición, y a algunos defensores del acuerdo de paz, la norma pasó con el respaldo de las mayorías luego de que se lograra un acuerdo para garantizar que esta medida no se aplicará a quienes se beneficiaron del acuerdo con las Farc.

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El senador Luis Fernando Velasco garantizó que esta iniciativa no será retroactiva y no perjudicará a los actuales desmovilizados.

“El Partido Liberal presentó una proposición muy clara en la vigencia que dice que lo que aprobamos será hacia adelante, al decir que tendrán que respetarse los principios constitucionales del artículo 29 de la Constitución, que habla de la irretroactividad de la ley, del debido proceso y del principio de legalidad. Este acto legislativo es hacia adelante”, manifestó.

Sin embargo, el senador Roy Barreras, insiste en que la aprobación de este proyecto envía un mensaje de inseguridad jurídica a quienes están en proceso de reincorporación cumpliendo con el acuerdo que se firmó entre el Gobierno y la entonces guerrilla.

“A pesar de que saben que este proyecto es inconstitucional, y a pesar de que saben que no puede ser retroactivo, se negaron a escribir esas tres palabras: ‘no será retroactivo’. Eso lo hacen para enviar el mensaje engañoso de que es posible la retroactividad y que cualquier juez ordinario podría encarcelar a uno de los guerrilleros que cumplió el acuerdo y dejó las armas, ese mensaje estimula las disidencias”, señaló.

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Barreras considera que “los señores de la guerra”, quieren incendiar el país y generar miedo entre los desmovilizados para cumplir con su cometido de acabar con la paz de Colombia.

Sin embargo, esta tesis fue rechazada por las mayorías de la Comisión Primera del Senado, que consideraron que los delitos sexuales cometidos contra niños, niñas y adolescentes, deben ser juzgados en la jurisdicción ordinaria y bajo ninguna circunstancia pueden ser objeto de beneficios en la Justicia Especial de Paz.