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La Comisión Primera del Senado avanzó en la discusión de la reforma de prisión perpetua para violadores de niños, que en las últimas horas había tenido que enfrentar varios obstáculos en su trámite por el Congreso de la República.
La mayoría de los senadores y la propia mesa directiva de la corporación, dieron por superada la discusión de la ‘jugadita’ o recusación que fue presentada contra todos los parlamentarios, luego de que el presidente de la Comisión de Ética, Carlos Abraham Jiménez, enviara un nuevo documento ratificando que dicho recurso es totalmente improcedente.
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Sin embargo, senadores como Gustavo Petro, Roy Barreras, Julián Gallo, Alexander López, entre otros miembros de la oposición, decidieron retirarse del recinto virtual, advirtiendo que dicha recusación no ha sido resuelta en su totalidad por todos los miembros del Comité de Ética y eso les podría acarrear sanciones disciplinarias.
Aunque algunos pocos no continuaron presentes en el debate, la mayoría de los senadores sí decidió quedarse y las ponencias negativas que pedían hundir el proyecto, fueron archivadas con una votación de 13 a 2.
Tras esta decisión, se logró salvar el trámite de la reforma de cadena perpetua para violadores de niños y se pudo continuar la discusión de la misma que ya superó su séptimo debate en el Congreso de la República.
Pese a que se quedó en el recinto el senador Armando Benedetti, advirtió que el proyecto no da solución a los problemas de impunidad que existen en los delitos que se cometen contra los menores.
“Creo que ningún compañero podrá salir muerto de la risa, diciendo que con este proyecto vamos a acabar la impunidad y que estamos salvando a los niños, porque no va a pasar nada de eso, nada de fotos alegres cuando el 98% de los casos de violaciones contra niños no han sido judicializados, ni se ha ayudado con la solución del problema”, indicó.
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Según Benedetti, aparte de la cadena perpetua se debe impulsar una ley de infancia y adolescencia que garantice la protección de los niños de una manera integral y se establezca una verdadera política pública de prevención.
El senador Miguel Ángel Pinto, coordinador ponente de la propuesta, coincidió con el senador Benedetti en este planteamiento, pero aún así defendió el proyecto.
“Yo soy consciente que este proyecto no va a solucionar los problemas de impunidad, porque eso le corresponde a la eficacia de la justicia. Para nadie es un secreto que faltan jueces, fiscales, no hay salas de audiencia, pero esos cambios nos corresponde a nosotros tramitarlos en una reforma a la justicia, porque no se pueden tramitar aquí”, manifestó.
El senador Iván Name, otro de los ponentes de la iniciativa, explicó que se trata de una habilitación constitucional para que el Congreso en una ley posterior, pueda reglamentar una pena privativa indefinida.
“Se trata de una medida excepcional que no está creando los tipos penales, solo define un lineamiento de política pública respecto de algunos delitos. La cadena perpetua se encuentra circunscrita a tipos penales específicos, que serían el homicidio de manera dolosa y el acceso carnal violento contra niños, niñas y adolescentes, que es lo primero que debemos proteger. Con la aprobación de este proyecto, el Congreso está demostrado que tiene la voluntad política de proteger a esta población”, dijo.
Este proyecto debe ser aprobado en su séptimo debate lo antes posible, porque debe salir en su totalidad antes del 20 de junio, fecha en que termina la legislatura ordinaria.
