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Ante un juzgado de Bogotá fue interpuesta una acción de cumplimiento en contra de la Presidencia de la República, específicamente el Dapre, por la insistencia del Gobierno de transmitir, bajo la figura de una alocución, los consejos de ministros.
La senadora María Fernanda Cabal, del Centro Democrático, aseguró que esto es una clara violación de la ley que prohíbe la revelación de los asuntos que se discuten en estas reuniones del jefe de Estado con sus ministros.
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“Petro no está por encima de la ley. Por eso presenté una acción de cumplimiento contra el Dapre, Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, por violar la Ley 63 de 1923, que prohíbe que los consejos de ministros sean públicos, porque hay una reserva de protección a las decisiones que toma el gobierno. No más abuso, no más dictadura de Petro”, indicó.
En el documento presentado ante las autoridades judiciales, se advierte que es la propia Angie Rodríguez, directora del Dapre, la que debe dar cumplimiento estricto de la norma.
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“La presente acción de cumplimiento es procedente, porqué nos encontramos ante conducta desplegada por la Directora del Dapre en calidad secretaria Ejecutiva de los Consejos, Comités o demás organismos de consulta, asesoría, coordinación o apoyo que dependa directamente del Despacho Presidencia, consistente en omitir el cumplimiento de la obligación consagrada en el articulo 9 de la Ley 63 de 1923”, afirma.
Añade que “la Ley 63 de 1923 establece de manera clara y expresa, en su artículo 9, que los Consejos de Ministros deben ser absolutamente reservados. Esta disposición tiene como finalidad garantizar que las deliberaciones de alto nivel del Gobierno Nacional se lleven a cabo sin presiones externas y con plena libertad para el análisis de asuntos estratégicos y de seguridad nacional”.
La senadora Canal advierte que la decisión del presidente Petro de televisar estas reuniones rompe con el orden legal y pone en riesgo las discusiones gubernamentales que deben permanecer bajo reserva, para el correcto funcionamiento del Estado.
“El incumplimiento del artículo 9 de la Ley 63 de 1923 por parte del Presidente de la República representa una clara transgresión del principio de legalidad, según el cual las actuaciones de las autoridades deben ceñirse a lo estipulado en la ley. En consecuencia, se hace necesario que el juez competente ordene el cumplimiento estricto de esta norma, evitando que futuras reuniones sean divulgadas a través de medios de comunicación, tal como lo ha anunciado el mandatario”, indica el documento.
En la petición, la congresista pide al Juzgado Administrativo de Bogotá que se suspenda la transmisión de los consejos de ministros y que se le ordene al presidente Gustavo Petro el estricto cumplimiento de esta ley.
