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La Fiscalía General compulsó copias para que se determine si existen méritos para abrir una investigación en contra de los exgobernadores de Antioquia Luis Alfredo Ramos y Sergio Fajardo para determinar si incurrieron en irregularidades en el contrato de mejoras en un tramo de la Troncal de la Paz, caso que generó la suspensión de Aníbal Gaviria y la imposición de una medida de aseguramiento domiciliaria.
Al anunciar la orden de medida de aseguramiento contra Gaviria, el fiscal General, Francisco Barbosa Delgado, confirmó que el contrato inicial se firmó por 41. 663 millones de pesos, pero lo que se le cuestiona al mandatario son las dos adiciones presupuestales por cerca de 29 mil millones de pesos para obras complementarias.
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Explicó que si bien Gaviria Correa no firmó el contrato, ni las adiciones, como gobernador era el representante legal del departamento, el ordenador del gasto y al parecer, no cumplió con la función de ejercer vigilancia y control a los funcionarios, a quienes les delegó esa función y en consecuencia, debe responder en el proceso penal.
Llamó la atención de la Fiscalía y de los entes de control que cuatro días antes de finalizar el primer mandato como Gobernador, se hizo la adición de 16 mil 334 millones de pesos para la construcción del puente del Río Nechí que conecta la cabecera municipal del municipio de El Bagre con la Troncal de la Paz. Para este ello, no hubo un proceso de selección, ni estudios de suelos, ni plazos, violando al parecer, los principios de la contratación pública.
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Recordemos que el contrato que le costó la privación de la libertad al gobernador, Aníbal Gaviria, fue firmado con el Consorcio Troncal de la Paz, que tiene como mayor accionista al Grupo Solarte, representado por el ingeniero Carlos Solarte y su hija Paola Solarte, ambos vinculados al escándalo de Odebrecht.
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