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Rodrigo Londoño, excomandante de las Farc, envió una carta a las Naciones Unidas y a los países garantes del Acuerdo de Paz de 2016, solicitando que la comunidad internacional supervise las acciones de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
El exjefe de las Farc criticó fuertemente el trabajo del tribunal transicional, afirmando que los magistrados no han tenido disposiciones reflexivas y señalando que están adoptando posiciones de 'enemigos' con las decisiones que se dan a conocer a diario.
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"La magistratura de la JEP, lamentablemente, suele carecer de disposición reflexiva, y antes bien, materializa día a día, en sus resoluciones y pronunciamientos, la doctrina penal del enemigo que se buscó proscribir del Acuerdo", dice el documento de Londoño.
Además, cuestionó las recientes declaraciones del presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, quien señaló que el tiempo de acción de la Jurisdicción Especial no sería suficiente, lo que implicaría que los casos no resueltos quedarían en manos de jueces ordinarios, quienes podrían imponer sanciones de prisión por los crímenes de lesa humanidad cometidos durante el conflicto armado.
"No se puede entender que el señor presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz esté advirtiendo en los medios que el tiempo para sus actuaciones será insuficiente, razón por la cual los procesos terminarán ante la justicia ordinaria con penas de cárcel", menciona la carta.
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Ante estas acusaciones, el magistrado Ramelli respondió en un comunicado, aclarando que todos los comparecientes tendrán la garantía de recibir sanciones propias y podrán resolver su situación, siempre y cuando reconozcan públicamente su responsabilidad.
"Los firmantes de paz, los integrantes de la fuerza pública y terceros civiles que han cumplido con su comparecencia ante la JEP, tendrán derecho a una sanción propia y a resolver su situación jurídica siempre y cuando asuman su responsabilidad de manera pública y entreguen verdad detallada y exhaustiva. No basta con asumir responsabilidades de manera general y eludir a las víctimas", afirma la respuesta.
Finalmente, Ramelli destacó que "el avance, dentro de la estricta temporalidad, de los 11 macrocasos de la JEP compromete no solo a la Jurisdicción y a sus distintas instancias, sino también a todas las ramas del poder público y a las víctimas".
