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Ecopetrol informó las decisiones adoptadas por su Junta Directiva luego de que la Fiscalía General de la Nación imputara cargos contra el presidente de la compañía, Ricardo Roa, dentro de la investigación penal por trafico de influencias de servidor público.
La imputación fue realizada en el marco de una indagación adelantada por la Fiscalía, que señala al directivo por su presunta responsabilidad en el delito de tráfico de influencias de servidor público.
La diligencia judicial se desarrolló ante el Juzgado 35 de Control de Garantías de Bogotá y corresponde a una etapa del proceso penal en la que se comunican formalmente los hechos investigados y las posibles consecuencias jurídicas derivadas de estos.
De acuerdo con lo informado por la empresa, la imputación constituye un acto procesal que vincula formalmente a Roa dentro del proceso penal y activa su derecho a la defensa, además de permitir que conozca los hechos que son materia de investigación. Según la estatal petrolera, el procedimiento no representa una decisión definitiva sobre el caso ni equivale a una condena judicial.
Seguimiento de la Junta Directiva
En medio de esta situación, la Junta Directiva de Ecopetrol indicó que respeta la presunción de inocencia del presidente de la compañía y el derecho al debido proceso que le asiste dentro del proceso judicial.
Según la empresa, el órgano directivo se reunió en sesión universal para analizar el contexto de la imputación y determinar los pasos a seguir frente a la situación.
Durante ese encuentro, la Junta decidió continuar actuando conforme a los deberes fiduciarios establecidos en la legislación colombiana y en las normas de gobierno corporativo de la empresa, lo que implica aplicar los procedimientos internos previstos para este tipo de situaciones. Entre ellos se incluye una evaluación considerada rigurosa, objetiva y sustentada en información documentada sobre el caso.
La compañía también señaló que la administración ha entregado información completa y oportuna a la Junta Directiva para facilitar el análisis del caso, proceso que además ha contado con el acompañamiento de firmas de consultoría especializadas tanto a nivel nacional como internacional.
Evaluación sobre la continuidad en el cargo
En paralelo, la Junta Directiva continuará revisando la información financiera de la compañía con el fin de identificar posibles impactos derivados de la situación judicial del presidente. Este seguimiento busca determinar si la coyuntura podría generar efectos sobre los valores de la empresa o sobre su desempeño corporativo.
Asimismo, el órgano directivo informó que seguirá deliberando para adoptar una decisión formal respecto a la compatibilidad entre la continuidad de Ricardo Roa en la presidencia de Ecopetrol y las obligaciones de la compañía.
Confianza de inversionistas y gobernanza
La empresa indicó que uno de los compromisos de la Junta Directiva es mantener la confianza de los inversionistas y de los diferentes grupos de interés vinculados a la compañía.
En ese contexto, el seguimiento a la situación judicial y las decisiones que se adopten buscarán preservar la sostenibilidad financiera, los principios corporativos y los estándares de gobernanza de la compañia.
Ecopetrol señaló que continuará monitoreando el desarrollo del proceso y analizando la información disponible mientras avanza la investigación adelantada por la Fiscalía.
¿Por qué es investigado Ricardo Roa?
La investigación contra Ricardo Roa está relacionada con presuntas irregularidades en la compra de un apartamento ubicado en el sector de El Chicó, en el norte de Bogotá. Según la Fiscalía, el inmueble habría sido adquirido por cerca de 1.800 millones de pesos, un valor inferior al precio estimado del mercado, que se calcula alrededor de 2.700 millones.
De acuerdo con las indagaciones, la transacción habría estado mediada por el empresario y coronel retirado Juan Guillermo Mancera, quien posteriormente habría obtenido contratos con Ecopetrol. Por esta razón, las autoridades analizan si la compra del inmueble y las relaciones posteriores entre las partes pudieron estar vinculadas a un posible uso de influencias para favorecer intereses particulares.
La Fiscalía también revisa los pagos asociados a la negociación del apartamento y la posible participación de intermediarios en la operación, con el objetivo de establecer si existieron beneficios indebidos derivados de la relación entre los involucrados y la compañía. Durante la audiencia de imputación, Roa manifestó ante el juez que no acepta los cargos y se declaró inocente.
