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Un juez de la República ordenó la revisión del certificado de firmas que avaló la Registraduría Nacional del Estado Civil, en el proceso de revocatoria que se adelanta contra el alcalde de Medellín Daniel Quintero, según aseguró el movimiento Independientes.
A través de sus redes sociales, el movimiento indicó que el Juez Noveno de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, resolvió "conceder el amparo constitucional solicitado por Salomé Restrepo Muñoz y otros en calidad de Secretaria General de la Dirección Nacional del Grupo Significativo de Ciudadanos denominado Movimiento Independientes, acorde con las consideraciones de este pronunciamiento".
Explica el documento publicado, que se deja sin efecto lo actuado dentro del trámite de revocatoria del mandato, a partir del traslado del Informe Técnico de Verificación de Apoyo por Apoyo y del Resumen correspondiente que se surtió el 24 de diciembre del 2021, con ocasión de la revocatoria del mandato", también explica que se ordena "que dentro de las 48 horas siguientes a la notificación de la siguiente providencia, la Registraduría Nacional del Estado Civil traslade el informe Técnico de Verificación de Apoyo por Apoyo y del resumen de la revocatoria de mandato".
Indicaron en el documento publicado, que según la decisión del Juez, "El día 10 de noviembre del 2021 la iniciativa de revocatoria de mandato denominada 'El pacto por Medellín te salvará, porque te amamos te vamos a recuperar", entregó 256 tomos con 25.579 folios para una suma de 383.685 de supuestos apoyos para promover el mecanismo de participación ciudadana de revocatoria del mandato en la ciudad de Medellín".
Explica además que "La Registraduría Nacional de Estado Civil presentó el día 24 de diciembre del 2021 un documento titulado "resumen informe técnico procedimiento de verificación firmas apoyo por apoyo" a través del cual señaló del total de registro analizados 383.685 un total de 133.248 registros válidos.
En el fallo, explicó el movimiento Independientes, que de no ser impugnada la decisión, se debe remitir el diligenciamiento a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
