Revelan posibles anomalías en manejo de Fondos de Inversión Colectiva para la Gestión del Riesgo

RCN Radio obtuvo en exclusiva información que sugiere que Olmedo López, ex director de Gestión del Riesgo, habría gestionado un nuevo programa denominado "Fondos de Inversión Colectiva" antes de dejar su cargo en la entidad. Una de las inversiones que ha generado controversia es la asignación de más de 15 mil millones de pesos para el municipio de Sabana de Torres, donde aparentemente no existe una declaratoria de emergencia. Este presupuesto fue aprobado por Sneyder Pinilla, ex subdirector de la entidad y ex alcalde de dicho municipio.

Previo a esta asignación, Pinilla había aprobado un presupuesto de más de 13,000 millones de pesos para la construcción de un caño de seis cuadras de distancia en Sabana de Torres, según lo revelado por el alcalde de la zona.

En RCN radio nos contactamos con Darío Buchenicow, alcalde Sabana De Torres, quien indicó que, "ese presupuesto se usó en la construcción de un caño de aproximadamente 6 cuadras en el municipio que estaba generando afectaciones de salud".

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Además de estos casos, se ha conocido la aprobación de un presupuesto de 231,000 millones de pesos para el municipio de Uribia, en La Guajira, y otro de más de 180,000 millones de pesos para Girón, en Santander, sin declaratorias de emergencia en ambas regiones.

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Al indagar sobre otros presupuestos, se encontró que se habían aprobado más de 20,900 millones de pesos para el departamento de Bolívar.

La Unidad Nacional de Gestión del Riesgo no ha emitido declaraciones sobre el manejo de estos fondos, ni sobre las declaratorias de emergencia que justifiquen la asignación de estos presupuestos. Sin embargo, se ha revelado que a través de los fondos de inversión colectiva, la entidad no estaría obligada a recibir una declaratoria de emergencia de los municipios. Esto significa que podría destinar grandes sumas de dinero sin una justificación clara, dejando la decisión de inversión en manos de los mandatarios locales. Estas revelaciones plantean serios interrogantes sobre la transparencia y el manejo adecuado de los recursos destinados a la gestión del riesgo en el país.